Jueces en Berlín y en las Salesas

En la historia judicial de cualquier país democrático y constitucional siempre hay sentencias de sus máximos tribunales que constituyen un hito en la relación entre el Estado y el ciudadano o en la defensa de las libertades y derechos fundamentales. La sentencia de la Sala Segunda en el caso Mascarillas está llamada a ser una de aquellas en las que se fija en piedra los fundamentos de la justicia penal contra el efecto destructor que causa la corrupción pública en el sistema democrático y el Estado de derecho. El primero de sus fundamentos de derecho contiene una imprescindible doctrina sobre esta cuestión. Nada de lo que se dice en la sentencia puede parecer novedoso, pero todo lo que dice es totalmente necesario para una sociedad que ve cómo la vida pública de su país vive en los tribunales de Justicia. Menos mal que, en efecto, se judicializa la vida política, con jueces en Berlín o en las Salesas, para corregir, aunque sea tarde o de forma incompleta, los fallos, cuando no la ausencia, de los mecanismos que el propio Estado tiene para evitar o corregir inmediatamente la corrupción de sus cargos públicos. Es una sentencia que refleja el fracaso de una estructura administrativa que permite la creación y el desarrollo de una organización criminal con silla en el Consejo de Ministros.La sentencia se ajusta a la responsabilidad que sus magistrados han aceptado asumir, la de establecer los cánones de la respuesta penal a una delincuencia organizada cultivada al calor del poder político. El minucioso relato de hechos probados, la detallada valoración de la prueba, la ponderada calificación de los hechos y la determinación de las condenas justas, refuerzan sólidamente el marco conceptual que la sentencia desarrolla sobre la toxicidad de la corrupción pública en el orden democrático y en el ejercicio de los poderes políticos. Nunca habrá leyes que garanticen la ausencia de corruptos, porque ser corrupto es una opción personal, no una consecuencia de las normas vigentes. Pero sí habrá un Poder Judicial, con el apoyo de fiscales y policías, que tendrá la referencia estable de esta sentencia unánime de la Sala Segunda para combatir la corrupción.