El PSOE pagó una trama contra jueces y policías para proteger a Sánchez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz considera que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán era el presunto líder de la trama coordinada por Leire Díez, y que «habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido» socialista, «que desde sus inicios soportó el coste de la actividad» y «permitió que se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas». Cerdán, según detalla el magistrado en el auto por el que autorizó este miércoles registrar la sede del partido, «aportó» las «dependencias» del PSOE «para la celebración de reuniones». La formación liderada por Pedro Sánchez también «soportó el coste de la logística», abonando «viajes y alquiler de vehículos de algunos» de los miembros de la trama. El instructor sitúa al empresario Javier Pérez Dolset y al exdirigente socialista Gaspar Zarrías en el centro de la presunta organización criminal, que se dedicó a realizar una «serie de acciones cuya pretensión era la desestabilización de estas causas judiciales con afectación al PSOE o al Gobierno».Noticia relacionada general No No La Audiencia Nacional reclama al PSOE la documentación de la campaña electoral de Illa de 2024 Elena BurésEse plan, afirma el magistrado, habría incluido «el ofrecimiento a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos». Además, «se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en causas judiciales por los magistrados instructores» de causas como el caso Begoña Gómez o el que afecta al hermano del presidente del Gobierno. También se actuó, añade, contra la Fiscalía Anticorrupción o la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.El letrado Ismael Oliver actuaría como «vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire Díez a través de sus sociedades». El juez también sitúa en el centro de esta operativa al abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo, que habría puesto a disposición sus sociedades «para articular dichos pagos sin revelar el ordenante».Todo ello, en concreto y siempre según el instructor, «con el presumible concierto de la gerente de la secretaría de Organización del PSOE, Ana Fuentes, quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez».El «punto de inflexión»El juez Pedraz sitúa «en los primeros meses del año 2024» el inicio de esta trama, asegurando que tanto Leire Díez como Santos Cerdán «no sólo mantenían una relación previa, sino que ambos ya formaban parte de este grupo organizado». El magistrado apunta a dos momentos clave: la detención de Koldo García y Víctor de Aldama, en lo que supuso el estallido del caso Koldo, y la presentación de una denuncia contra Begoña Gómez, que derivó en la apertura de una causa penal contra la esposa del presidente del Gobierno.Después de que Pedro Sánchez publicase su Carta a la Ciudadanía y anunciase unos días de reflexión, Cerdán fijó una reunión en la sede del PSOE a la que acudieron Leire, Pérez Dolset y el exjefe de gabinete de Sánchez Juan Manuel Serrano, además del entonces director de Comunicación del partido Ion Antolín. Esa reunión fue, según el juez, el «punto de inflexión» para los investigados. Desde ese momento, el grupo de personas liderado por Cerdán y coordinado por Leire Díez, del que además forman parte Pérez Dolset y Gaspar Zarrías comenzaron a «desarrollar un serie de acciones» para torpedear las citadas causas judiciales.El magistrado detalla algunas de las actuaciones concretas de los investigados. Una de las líneas desarrolladas tuvo por objetivo al fiscal anticorrupción José Grinda, a quien consideraban «un medio para obtener información que afectase al fiscal jefe de la Fiscalía» especializada, Alejandro Luzón. La trama, en concreto, le hizo llegar a Grinda «un ofrecimiento para que llevara a cabo determinadas cuestiones, entre ellas el archivo de diversas causas judiciales de él dependientes o la aportación de información sobre Luzón, todo ello a cambio de un puesto de trabajo en el extranjero o, incluso, un ofrecimiento con trascendencia económica, existiendo anotaciones que aluden a la cifra de 300.000 euros».Leire Díez y Pérez Dolset se reunieron con Stampa y le ofrecieron regresar a AnticorrupciónOtra da las actuaciones de la trama está relacionada con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo. Leire Díez habría mantenido dos reuniones con él en marzo de 2025, ofreciéndole un puesto de importancia en el Instituto Armado después de realizar una «purga». A cambio, le pedían documentación comprometida sobre cargos importantes en el Instituto Armado. El fiscal Ignacio Stampa, que se encargó del caso Villarejo, también fue uno de los objetivos de los investigados. Leire Díez y Pérez Dolset se reunieron con él, ofreciéndole regresar a Anticorrupción y mediar en la resolución de un pleito que el propio Stampa «mantenía abierto». Otro de los encuentros fue el celebrado con el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, investigado en este procedimiento. Según el juez, éste habría filtrado al grupo información confidencial sobre la estructura interna de la UCO a sabiendas de que estaba cometiendo un delito. «Eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet», reconoció. El magistrado señala otra actuación, que tuvo que ver con la pretensión de los investigados de inquietar la actuación de la propia UCO en varias causas judiciales. En concreto, presentando «sucesivas denuncias» ante la Fiscalía General del Estado a las que daban publicidad, «haciendo germinar el despectivo y contaminante título de la 'UCO patriótica'».Entre los hechos imputados se encontraba la posible filtración de mensajes comprometidos de entre Ábalos y otros miembros relevantes del PSOETambién se encargaron, según el juez, de impulsar «la sospecha sobre sus actuaciones ante la directora general de la Guardia Civil», lo «que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada». Entre los hechos imputados se encontraba la posible filtración de mensajes comprometidos de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y otros miembros relevantes de su partido publicados en prensa que se conocía, con certeza, que habían sido publicados por éste.La trama supuestamente lideraba por Cerdán también recopiló datos e información personal y reservada de los mandos que intervinieron en las investigaciones que afectaban al PSOE «a fin de buscar información comprometida sobre los mismos que pudiera llevar a su neutralización». LA UCO, EN LA SEDE DEL PSOE noticia Si Feijóo urge a Sánchez a unas elecciones «inmediatas»: «Esto apesta. La situación es agónica» noticia Si Abascal, sobre la entrada de la UCO en Ferraz: «Hay que detener y juzgar a la mafia de Sánchez y de Zapatero» noticia Si Puente siembra dudas sobre la UCO y se burla del «operativo muy discreto» noticia Si La UCO busca información sobre si se ordenó expedientar a agentes por investigar al PSOE noticia Si El Gobierno de Page, tras la entrada de la UCO en Ferraz: «Mucha preocupación y un nudo en el estómago» noticia Si La oposición excomulga a Zapatero y al PSOE con Sánchez en el Vaticano noticia Si Gaspar Zarrías, el eterno 'perejil' del PSOE cercado por la Justicia: de la condena por los ERE a las cloacas de Ferraz noticia Si Sánchez descarta adelantar las elecciones porque no respondería al «interés general» noticia Si La UCO irrumpe en la sede del PSOE en Ferraz en el marco de las investigaciones sobre la SEPI y Leire DíezEl juez Pedraz imputa a los investigados delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y contra las instituciones del Estado.