La génesis del caso Leire: políticos, empresarios y abogados en busca de trapos sucios

En mayo de 2025, salió a la luz un audio en el que por entonces una desconocida Leire Díez pedía información comprometedora sobre el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del departamento de Delincuencia Económica y encargado de causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez. «Si Balas está muerto, mejor», se llegó a afirmar en ese encuentro, en el que estuvieron presentes, entre otros, el empresario Javier Pérez Dolset, la propia Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo. Un juez de Madrid, Arturo Zamarriego, imputó a Leire Díez, a Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol a raíz de esas revelaciones. En concreto, al considerar que se concertaron para llevar a cabo una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para «recabar información comprometida o irregular de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Fiscalía Anticorrupción» con el fin de «anular o malbaratar» sus investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».A lo largo de los últimos meses, el magistrado Zamarriego ha tomado declaración como investigados a exdirigentes socialistas como Santos Cerdán, Antonio Hernando y Gaspar Zarrías.En diciembre de ese mismo año, Leire Díez fue detenida por orden del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que también ordenó el arresto del socio de Santos Cerdán, Antxón Alonso, y del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, ante las sospechas de que habrían amañado contratos públicos en el organismo. Ese mismo magistrado, a raíz de esa investigación, ha ordenado registrar la sede del PSOE y ha imputado en la causa al propio Cerdán, al exdirigente socialista Gaspar Zarrías, a la gerente del PSOE, Ana Fuentes, al abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo, al guardia civil Juan Sánchez Yepes y al letrado Ismael Oliver.El juez apunta a una trama dirigida a desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al GobiernoEl juez ha ampliado su investigación inicial, que se centraba exclusivamente en los contratos relacionados con la SEPI, y considera que todos ellos formaban parte de una trama dirigida a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban a los socialistas y al Gobierno. Al concurrir dos causas en las que se investigan los mismos hechos, lo previsible es que el juez Zamarriego remita a la Audiencia Nacional todo lo actuado hasta la fecha en ese procedimiento para que sea el magistrado Santiago Pedraz el que se haga cargo de las pesquisas.