El Gobierno redobla su apuesta por la regularización con más de 500 millones para un nuevo plan de integración y ciudadanía

El Gobierno ha respondido con una nueva ofensiva política en materia migratoria apenas unas horas después de conocerse que el Tribunal Supremo estudia plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes. Lejos de rebajar el alcance de esa medida, el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, una estrategia dotada con 505 millones de euros en su primer año que convierte la regularización en el punto de partida de toda la política migratoria diseñada por el Ejecutivo para esta legislatura. La coincidencia de ambos movimientos dibuja un escenario de fuerte contraste. Mientras el alto tribunal aprecia posibles dudas sobre la compatibilidad de la regularización con el Derecho de la Unión Europea y ha iniciado el trámite para escuchar a las partes antes de decidir si consulta al TJUE, el Gobierno presenta esa misma regularización como la base sobre la que pretende construir un modelo estable de integración, acceso al empleo y fortalecimiento de los servicios públicos. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defienden que el plan nace con un objetivo claro: transformar la regularización extraordinaria en un itinerario de integración que permita incorporar plenamente a las personas migrantes a la vida económica y social del país. Para ello, el Ejecutivo ha diseñado una hoja de ruta hasta 2030 articulada en cuatro grandes ejes, dieciséis medidas y diez objetivos evaluables. La primera decisión política no deja lugar a dudas sobre las prioridades del Gobierno: la regularización deja de ser una medida aislada para convertirse en el primer pilar del nuevo modelo migratorio. Noticia en ampliación...