El PP de Ayuso activa la maquinaria mediática para desacreditar a la denunciante del caso Móstoles

El caso Móstoles, que pone los focos mediáticos en la localidad madrileña después de que su alcalde, Manuel Bautista (PP), haya sido denunciado por presunto acoso sexual y laboral, ha sacudido los cimientos de los 'populares' madrileño. La información que publicaba esta semana el diario El País, llevando en su portada las acusaciones de acoso sexual contra el edil mostoleño a una exconcejala del propio PP, han puesto en la diana no sólo al propio regidor, sino a la guardia pretoriana de Isabel Díaz Ayuso (Ana Millán y Alfonso Serrano) y a la propia presidenta. La denunciante ha contado que aunque en primera instancia el partido atendió su caso, poco a poco fueron intentando disuadirla de llevarlo a mayores e instándola a que "no hiciera mucho ruido". A esta actitud del silencio se suma el engrase de la maquinaria mediática afín a la sucursal conservadora de los de Feijóo en Madrid, regados de dinero público procedente de la administración que capitanea Díaz Ayuso. El ejemplo más claro en este sentido lo ha protagonizado El Confidencial, que ha publicado este domingo la denunciante ya había puesto otras dos denuncias en el instituto en el que trabajaba, también por acoso sexual. Según la documentación recopilada por el citado medio de comunicación, la exconcejala 'popular' ya vivió dos episodios de acoso que acabó denunciando durante su etapa en el instituto público Gaspar Melchor de Jovellanos de Fuenlabrada. En su relato, se hablaba de "situaciones incómodas, acercamientos excesivos y comentarios verbales" de índole sexual, precisando que no había acudido antes a la Justicia por "miedo a represalias". El expediente se instruyó en la Dirección del Área Territorial Madrid-Sur de la región, aunque se archivó en julio de ese mismo año (2018) sin que se probara la existencia de tal comportamiento. ¿Estrategia de desgaste? El informe de la inspección educativa recogía testimonios que aludían a comportamientos inapropiados y reconocía el malestar generado en el centro, aunque concluía que no se traspasaron los límites legales necesarios para catalogar los hechos como acoso sexual. Tampoco se hallaron indicios de conductas similares hacia alumnas, a pesar de las sospechas de la denunciante, habida cuenta de que en el expediente se recogía un trato excesivamente familiar por parte del docente, aunque descarta responsabilidades disciplinarias. El segundo caso llegó dos años después, en 2020, cuando la entonces profesora presentó una nueva denuncia por acoso laboral contra el director del mismo centro. Se fundamentó sobre represalias, menosprecios, difusión de rumores y discriminación profesional, encajando los hechos en varios supuestos recogidos por el protocolo de prevención de acoso. No obstante, el expediente administrativo volvió a descartar tales comportamientos ante la ausencia probatoria y la no acreditación de entorno hostil sostenido en el tiempo. En cualquier caso, en el momento de la judicialización del caso, el acusado fue condenado por un delito leve de coacciones, al quedar probado que presionó a la docente para que dimitiera tras pedir actuaciones contra el jefe de estudios. Más de 1.300.000 euros de publicidad institucional en cuatro...