'El Confidencial' hurga en la vida privada de la denunciante del caso Móstoles

El caso Móstoles ha generado un terremoto en el Partido Popular de Madrid. La información publicada esta semana por el diario El País, que airea las acusaciones de acoso sexual por parte del alcalde de la localidad, Manuel Bautista, a una exconcejal han puesto en la diana no sólo al propio regidor, sino a la guardia pretoriana de Isabel Díaz Ayuso y a la propia presidenta. De ahí que la sucursal conservadora en la región haya activado la maquinaria para rebajar el suflé de las acusaciones, ya sea con amenazas legales o a través de publicaciones como la que ha lanzado este sábado El Confidencial, en cuyas líneas hurgan en la vida privada de la denunciante. El digital se hace eco de dos expedientes previos abiertos durante la etapa de la mujer en el IES Gaspar Melchor de Jovellanos (Fuenlabrada) con el objetivo de contextualizar las denuncias que esta semana han trascendido a la esfera pública. Dicha publicación llega en pleno estallido del caso Móstoles, con el alcalde del Partido Popular en el ojo del huracán mediático y en un contexto de cierre de filas absoluto del PP regional con su edil y también miembro de la dirección nacional de la formación. Hay quien desde la izquierda interpreta la información como una estrategia de desgaste, que se suma al carrusel de declaraciones y advertencias legales de los altos cargos conservadores próximos a Ayuso, para hacer luz de gas y desplazar el foco del presunto agresor a quien señala la edil conservadora. Expedientes archivados y una condena posterior Según la documentación recopilada por el citado medio de comunicación, la exconcejala popular ya vivió dos episodios de acoso que acabó denunciando durante su etapa en el instituto público de Fuenlabrada. En su relato, se hablaba de "situaciones incómodas", "acercamientos excesivos" y "comentarios verbales" de índole sexual, precisando que no había acudido antes a la Justicia por "miedo a represalias". El expediente se instruyó en la Dirección del Área Territorial Madrid-Sur de la región, aunque se archivó en julio de ese mismo año – 2018 – sin que se probara la existencia de tal comportamiento. El informe de la inspección educativa recogía testimonios que aludían a comportamientos inapropiados y reconocía el malestar generado en el centro, aunque concluía que no se traspasaron los límites legales necesarios para catalogar los hechos como acoso sexual. Tampoco se hallaron indicios de conductas similares hacia alumnas, a pesar de las sospechas de la denunciante, habida cuenta de que en el expediente se recogía un trato excesivamente familiar por parte del docente, aunque descarta responsabilidades disciplinarias. El segundo caso llegó dos años después, en 2020, cuando la entonces profesora presentó una nueva denuncia por acoso laboral contra el director del mismo centro. Se fundamentó sobre represalias, menosprecios, difusión de rumores y discriminación profesional, encajando los hechos en varios supuestos recogidos por el protocolo de prevención de acoso. No obstante, el expediente administrativo volvió a descartar tales comportamientos ante la ausencia probatoria y la no acreditación de entorno hostil...