Airbnb deberá pagar 64 millones tras perder el pulso con Consumo

El pasado 15 de diciembre, te contábamos cómo Consumo había sancionado a Airbnb con una multa de 64 millones de euros por anunciar viviendas sin licencia turística. Un movimiento que fue recurrido por parte de la compañía de alquiler vacacional, que ha terminado por perder el pulso con la Justicia y deberá abonar la sanción de forma integra. Un nuevo capítulo en la constante tensión entre las plataformas de este tipo de alquileres y el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy.

Las plataformas de alquiler vacacional están siendo estudiadas al milímetro por parte del Gobierno de España, que las considera como uno de los motivos por los que el precio de la vivienda está creciendo y provocando una gran alarma social. Durante el pasado mes de diciembre, el Ministerio de Consumo había sancionado a Airbnb, plataforma líder del sector, con una multa de 64 millones de euros. El motivo era que muchos de los pisos que mostraba la herramienta carecían de licencia turística.

Airbnb decidióacudir a la Justicia y solicitar medidas cautelares mientras recopilaban toda la información que era necesaria para evitar dicha multa. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido que no existen motivos suficientes para aprobar dichas medidas cautelares y ha confirmado que Airbnb deberá abonar la sanción integra.

Imagen del logo de Airbnb / Fuente: Imagen creada con IA

Justicia deniega las medidas cautelares

Consumo había identificado un total de 65.122 anuncios que estaban publicados en Airbnb y que no contaban con la licencia turística. Un requisito que es imprescindible para poder tener presencia en la plataforma y que se considera que es responsabilidad de la herramienta exigir antes de publicar cualquier anuncio.

Una vez se realizaron las comprobaciones pertinentes, el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy decidió imponer una sanción de 64 millones de euros. Según los portavoces de dicho organismo, uno de los problemas que detectó en el momento en el que realizó dicho análisis fue que se publicaban anuncios sin información « sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, incurriendo así en una práctica de publicidad engañosa «. Unido a la falta de información sobre la licencia turística, el resultado fue interponer una sanción que disuadiese a la compañía de seguir mostrando este tipo de publicaciones.

Para el cálculo de la sanción, se contempló interponer una multa de seis veces los beneficios ilícitos obtenido por Airbnb como consecuencia de las prácticas que consideraba ilegales. Una cantidad que tiene como objetivo que la compañía evite volver a ejercer este tipo de prácticas. La Justicia ha decidido en última instancia alinearse con Consumo y mantener dicha sanción, tras una suspensión temporal.