Ultimátum de Bruselas: Europa lleva a España a juicio por ser el único país de la UE que no exime de IVA a los autónomos

Ser trabajador por cuenta propia en nuestro país implica enfrentarse constantemente a una carrera de obstáculos burocráticos y a una presión fiscal desmedida. Mientras que en la mayoría de los Estados miembros se están implementando directrices para aliviar la asfixia financiera y administrativa de las pequeñas empresas, España avanza en la dirección contraria.

Y esto está escalando a un nivel sin precedentes. Tanto es así que la Comisión Europea ha cumplido finalmente su amenaza y ha anunciado este mismo miércoles que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La realidad es que España es, a día de hoy, el único país de los veintisiete que no ha transpuesto las directivas comunitarias que eximen del IVA a los autónomos en sus operaciones europeas. Ahora, Bruselas no solo exige la rectificación inmediata, sino que solicita la imposición de sanciones financieras contra el Estado español por un incumplimiento que se arrastra desde hace más de un año.

Franquiciado del IVA

En el centro del problema se encuentra una disposición europea diseñada específicamente para dar oxígeno a los negocios más pequeños. Esta normativa permite a cada Estado miembro instaurar el denominado «régimen de franquicia del IVA«, un sistema que autoriza a las pymes y autónomos con una facturación anual inferior a los 85.000 euros a no tener que repercutir este impuesto en sus facturas, liberándolos así de las declaraciones trimestrales.

El argumento técnico que ha esgrimido históricamente España es que, al tratarse de una medida de carácter opcional, el Gobierno no tenía intención de aplicarla en el mercado interior para no mermar la recaudación. Sin embargo, la Comisión Europea ha sido tajante al desmontar esta excusa, ya que, aunque el país decida no aplicar la exención a nivel nacional, está obligado por ley a incorporar la normativa a su ordenamiento jurídico. Debe ser así porque su negativa está bloqueando directamente a las pymes y autónomos españoles, impidiéndoles acogerse a este sistema de exención cuando intentan operar y vender sus servicios en otros Estados de la Unión Europea que sí lo tienen activo. Se trata de una clara pérdida de competitividad.

600 euros al año

A finales del año pasado, la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) ya denunció ante la propia Comisión esta falta de transposición. Según los cálculos de esta patronal, la implementación del IVA franquiciado supondría un ahorro directo de hasta 600 euros anuales para cada autónomo, derivado únicamente de la reducción de costes de gestión y burocracia.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha celebrado la decisión de Bruselas y ha señalado la raíz del problema: «A fecha de hoy, el Gobierno de España sigue sin adoptar ninguna medida legislativa… El Gobierno es lento y perezoso en transponer directivas que faciliten la labor a los pequeños empresarios, pero es ágil cuando son directivas para recaudar más».