Las operadoras presentan su plan definitivo para acabar con las estafas telefónicas y los números de spam

En 2026, las llamadas de spam y las que realizan estafadores o ciberdelincuentes todavía están a la orden del día. No obstante, las operadoras acaban de presentar una posible solución que, eso sí, necesitará de la colaboración del Gobierno.

Hay pocas cosas que preocupen tanto a los ciudadanos españoles como las llamadas no deseadas que reciben en sus móviles, especialmente aquellas que tienen malas intenciones. Las operadoras lo saben bien y han solicitado al Gobierno que colabore con sus planes.

Acabar con las órdenes judiciales

Hasta ahora, las operadoras están haciendo lo que pueden, pero se encuentran con limitaciones. Aunque los usuarios son los que más sufren , a las empresas de telecomunicaciones tampoco les gusta que se hagan tantos intentos de estafa en su nombre. Esto se puede apreciar de forma habitual en las redes sociales, donde muchas personas se quejan y dan parte de intentos de estafa en los que dicen haberse hecho pasar por Digi, Vodafone, Orange, Movistar o cualquier otra operadora.

Debido a ello, a través de DigitalES, representante de las entidades de telecomunicaciones , se han aliado con otro grupo afectado, el de los bancos, para hablar seriamente con el Gobierno. Lo que quieren es que el Estado cambie la regulación existente a día de hoy para que sea más flexible y les proporcione la capacidad de actuar sin necesidad de tener una orden judicial.

Una chica pensativa con su móvil. / Foto: Julio Lopez (licencia de Pexels)

Gracias a ello, las operadoras tendrían la posibilidad de hacer bloqueos de números de teléfono e intervenirlos sin tener que pasar por el largo proceso de solicitar una orden judicial. Si se piensa en aumentar la efectividad de este tipo de trabajo, el cambio en la regulación sería lo que podría marcar la diferencia.

Un cambio normativo desafiante

DigitalES ha colaborado con tres entidades representativas del sector financiero: AEB, Unacc y CECA, con la intención de presentar su estrategia en la Brigada Antifraude. Esta brigada está gestionada por el Ministerio de Economía y se encuentra formada por algunos de los grupos y entidades más importantes de la lucha contra los delitos de los cibercriminales.

Si bien la base de la petición tiene sentido, lo que se encuentran ante sí es la necesidad de introducir una modificación normativa que posiblemente resultará compleja. Al fin y al cabo, significaría que se introdujera un nuevo mecanismo que permitiera agilizar los procesos sin que la figura del juez estuviera de por medio.