Una nueva revisión de esta ley europea puede hacer que te suba la factura de la fibra y el móvil

La Comisión Europea presentó una revisión de la Cybersecurity Act (CSA) el pasado 20 de enero. Un movimiento que ha sorprendido a los operadores, que explican que, de cumplirse, esto podría provocar un importante incremento en la factura del consumidor, como consecuencia del incremento de los costes que ocasionaría.

Europa sigue queriendo blindar las comunicaciones de nuestro continente y, para conseguirlo, quiere desprenderse de todos los equipos de proveedores que sean considerados de alto riesgo. La propuesta de revisión de la Cybersecurity Act (CSA) por parte de la Comisión Europea ha alertado a los principales grupos de telecomunicaciones, que alertan que de llevarse a cabo una “sustitución a gran escala”, se verían obligados a tener que asumir un importanteincremento de los costes, lo que en último término se podría traducir en una subida en las tarifas a sus clientes.

En la carta dirigida aUrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, las principales asociaciones del sector, comoGSMA y Connect Europe , advierten que este movimiento no puede llevarse a cabo “sin perturbar la calidad y la disponibilidad del servicio”.

Una persona que habla a través del smartphone / Fuente: ADSLZone

Las medidas voluntarias se transformarían en obligatorias

En el pasado, ya hemos asistido en diferentes ocasiones al conflicto que diferentes proveedores, como Huawei, están provocando en Europa, según los datos que se contemplan desde Bruselas. Ahora, los grandes grupos de telecomunicaciones han mostrado su preocupación, dado el impacto que tendría para sus cuentas en el caso de que las medidas voluntarias que existen actualmente se conviertan en obligatorias. Y, por tanto, se encuentren ante la necesidad de tener que dedicar grandes cantidades de recursos a identificar, localizar y sustituir los equipos que ya están instalados.

Según el cálculo de los costes que ha realizado la propia Comisión Europea, se trataría de un proceso que tendría un coste deentre 3.400 y 4.300 millones de euros para los operadores móviles y se debería completar en un periodo máximo de tres años.

Además de los costes fijos, las dos organizaciones mencionadas previamente han mostrado su sorpresa, al considerar que el marco legal que se está valorando incluye unas medidas que van más allá de lo necesario para cumplir con la regulación y, por tanto, paragarantizar la seguridad de Europa en materia de telecomunicaciones.