Una disputa sobre quién paga los efectos de la crisis en Balears

La amenaza del Gobierno central -o sea, PSOE y Sumar- de recurrir ante el Tribunal Constitucional una parte del decreto anticrisis aprobado por el Govern balear, formado por el PP, abre un nuevo frente institucional. Más allá de la confrontación política, lo que está en juego es una cuestión de fondo: hasta qué punto una comunidad autónoma puede utilizar sus competencias fiscales para garantizar que las ayudas públicas lleguen íntegramente a quienes más las necesitan. La medida cuestionada tiene lógica porque las ayudas extraordinarias destinadas a paliar las pérdidas de la guerra de Oriente Medio tributan como renta y, por tanto, generan una obligación fiscal. Seguir leyendo ...