'Vamos a morir': El costo del acuerdo de salud que Trump impuso a Uganda

Una madrugada de febrero, Suzan Akello, de 23 años, murió en el porche de una casa en la ciudad de Mbale, en el este de Uganda. Sus amigos dijeron que había ingerido hierbas medicinales para interrumpir un embarazo y luego necesitó atención de emergencia en una clínica, pero no pudo pagarla.

Los servicios de atención posaborto son legales en Uganda – garantizados tras años de activismo y colaboración entre el gobierno y las ONG –, parte de ellos en el marco de programas financiados por Estados Unidos.

Pero trabajadoras de la salud, activistas y pacientes dijeron a The New Humanitarian que en los últimos meses la atención médica posaborto y de VIH/sida se está desmantelando debido a un nuevo acuerdo sanitario de 2.300 millones de dólares entre Uganda y Estados Unidos, que integra los programas financiados por donantes en el sistema de salud pública ugandés al tiempo que reduce la dependencia de las ONG.

Una portavoz del Departamento de Estado de EEUU dijo que el acuerdo es un compromiso conjunto para sostener programas que salvan vidas mientras se fortalece la capacidad nacional. En virtud del acuerdo, Uganda se comprometió a incrementar su financiación interna en salud en unos 50 millones de dólares anuales – más de 500 millones en cinco años –, mientras Estados Unidos cubre el resto de los costos durante una transición gradual.

Presentado como un paso hacia la "soberanía sanitaria" y la apropiación nacional, el acuerdo es uno de más de 20 similares firmados en toda África, y que también se van a aplicar en América Latina. Es parte la revisión que el presidente Donald Trump hizo de los programas de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) en todo el mundo, que desencadenó una "paralización de actividades" a principios del año pasado y retiró miles de millones de dólares de financiación de salud en todo el mundo, Uganda incluida.

Los fondos para el personal de salud de primera línea y para productos médicos esenciales se mantendrá íntegramente durante el primer año, dijo el Departamento de Estado, con una transferencia gradual de responsabilidades, que se hará en base a evaluaciones de la capacidad local. Esas transferencias serán "caso a caso, plurianuales y planificadas conjuntamente" para garantizar la continuidad de la atención.

Pero para muchos de quienes trabajan en el sistema sanitario ugandés, esa continuidad ya está fallando.

Deshaciendo años de progreso local

El cambio ya estaba en marcha a mediados de 2025, meses antes de que se firmara el acuerdo. Cientos de empleados que trabajaban en programas financiados por EEUU fueron convocados a reuniones en todo el país y – según documentos que revisó esta reportera – se les pidió que firmaran acuerdos de cumplimiento alineados con las restricciones estadounidenses sobre el aborto.

Esas adendas contractuales les prohibían "realizar, promover o derivar" atención médica relacionada con el aborto "incluso si son legales" y desalentaban el debate público sobre estas decisiones. Si bien el aborto está penalizado en Uganda, la atención posaborto sigue siendo legal.

Meses después de esas reuniones, solo una parte de ese personal de apoyo sanitario mantiene contratos activos. Los recortes de la financiación de USAID redujeron drásticamente el despliegue de personal, en particular de quienes trabajaban junto a ONG en establecimientos de salud gubernamentales.

Sobre el papel, el acuerdo contiene elementos que expertos en salud pública apoyan en términos generales. Nakibuuka Noor, subdirectora de la Coalición para Detener la Mortalidad Materna por Aborto Inseguro (CSMMUA), señala sus disposiciones sobre revisiones conjuntas y compromisos para aumentar la financiación sanitaria dentro del presupuesto nacional ugandés.

"Estas son cosas que siempre hemos pedido", dijo. "Un gobierno que asuma la responsabilidad de su sistema sanitario".

Las ONG ugandesas negociaron en 2025 con el Ministerio de Salud un paquete nacional de atención posaborto destinado a estandarizar y ampliar la atención que salva vidas a mujeres que sufren complicaciones por abortos inseguros. Pero según Noor, el acuerdo con EEUU deja de lado este avance.

Un informe del Ministerio de Salud de 2010 señalaba que el 8% de todas las muertes maternas se debían a abortos inseguros, pero quienes defienden el aborto seguro advierten que el sistema sanitario está mal equipado incluso para medir su impacto. Noor señala que los formularios de notificación de muertes maternas no incluyen una categoría específica para muertes derivadas de complicaciones por aborto inseguro, lo que hace que los datos sean incompletos y poco fiables.

Richard Mugahi, comisionado del Ministerio de Salud para salud reproductiva, insistió ante The New Humanitarian en que Uganda tiene capacidad para financiar su parte del presupuesto sanitario y en que el acuerdo no viola la política sanitaria nacional.

Sobre la atención posaborto, Mugahi dijo que no existe "ninguna violación" de las directrices de Uganda, aunque reconoció las limitaciones cuando afirmó que la atención posaborto "no tiene presupuesto".

Esa tensión entre las garantías políticas y las realidades sobre el terreno es cada vez más visible, Sumadas a las nuevas imposiciones de Washington.

Trabajadoras de la salud reportan una presión creciente para rechazar a mujeres que muestran signos de haber interrumpido un embarazo. "Ni siquiera nos está permitido indagar sobre los detalles de esos casos", dijo en Mbale una trabajadora de la salud que pidió no ser identificada. "Se espera que guardemos silencio".

Otras dos trabajadoras en el este y el oeste de Uganda dijeron que se habían visto en el trance de perder su empleo para ayudar a las pacientes o rechazar a decenas de personas que necesitaban atención posaborto urgente.

Un sistema sin intermediarios

El énfasis del acuerdo de EEUU y Uganda en la "integración" de los programas financiados por donantes también está reconfigurando el modo en que se prestan los servicios médicos. Miles de educadoras, trabajadoras de extensión comunitaria y profesionales especializados son absorbidos, reasignados o quedan fuera del sistema.

El personal de salud que permanece en sus puestos reportó haber recibido desde enero comunicaciones del Ministerio de Salud informándole de que sus puestos serían puestos a concurso y de que sus calificaciones serían "validadas" como parte de un proceso para "integrarlas" en el sistema nacional de salud. Muchos trabajadores dijeron que no cumplían con los requisitos académicos que el gobierno fijó para que conservaran sus empleos, a pesar de haber trabajado eficazmente en comunidades marginadas durante años.

Las educadoras y las trabajadoras de extensión comunitaria son una parte integral de la atención centrada en el VIH/sida en Uganda.

Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA, advirtió que las comunidades no pueden ser ignoradas en la atención al VIH/sida.

"Las comunidades deben seguir siendo el corazón de la respuesta, y todas las personas que viven con VIH o están en riesgo de contraerlo necesitan acceso a medicamentos y servicios que les salven la vida", dijo Byanyima a The New Humanitarian. "Este reconocimiento no es una declaración política; es un hecho epidemiológico".

Sin embargo, los cambios en la financiación también parecen estar desmantelando años de avances en el abordaje de las poblaciones más vulnerables, que se lograron mediante una delicada organización comunitaria bajo el paraguas de las ONG.

Según Betty Balisalamu, directora ejecutiva de Women with a Mission en el este de Mbale, los efectos de un modelo de salud que excluye a la sociedad civil ya son visibles en la manera en que las autoridades locales se relacionan con las comunidades marginadas.

"Manda un mensaje", dijo. "Los funcionarios dicen: si hasta nuestros financiadores se están retirando, el gobierno también debería hacerlo".

En el Hospital General de Rukoki, en Kasese, en el oeste de Uganda, un técnico de laboratorio describió cómo se manifiesta esto en la práctica. Los referentes de poblaciones clave – personal formado para apoyar a grupos como trabajadoras sexuales y personas LGBTIQ+ – ya no están presentes.

"Hay más estigma ahora", dijo el técnico. "La gente tiene miedo de venir".

Algunas pacientes dijeron que, sin esos intermediarios, fueron avergonzadas o rechazadas, lo que empeora la prevención del VIH.

En la comunidad pesquera de Kahendero, cerca del lago Albert en el oeste de Uganda, las trabajadoras de extensión reportaron tal escasez de métodos de prevención de VIH que algunas personas están usando bolsas de plástico en lugar de preservativos.

Hilda Kamuhangire, ex trabajadora sexual que ahora actúa como educadora en Kahendero, dijo que la interrupción fue abrupta. "Íbamos a los bares, hablábamos con las mujeres, les dábamos condones, información sobre profilaxis preexposición", dijo. "Ahora muchos de esos servicios ya no existen".

En los establecimientos de salud, añadió, algunos trabajadores ahora piden pago o rechazan a los pacientes alegando cambios en la financiación. "Te dicen: '¿No te has enterado de lo de Trump?'".

El encuadre político del acuerdo ha complicado aún más su impacto. Funcionarios estadounidenses vinculan las restricciones de financiación a su oposición a la "ideología de género", una narrativa que ha ganado terreno en Uganda. Las activistas dicen que este encuadre tergiversa su trabajo y socava la prestación de servicios.

"Estamos librando guerras políticas y culturales", dijo Noor. "Guerras que no son nuestras".

Un activista LGBTIQ+ dijo a The New Humanitarian que la narrativa del gobierno estadounidense de que las ONG difunden "ideología de género" recuerda a la febril retórica antigay que impulsó el apoyo a la Ley Anti-Homosexualidad de 2023, en parte basada en la falsa creencia de que las ONG ugandesas "promueven" la homosexualidad.

Retrocesos en el VIH/sida

La respuesta de Uganda al VIH ha dependido durante mucho tiempo del apoyo estadounidense, en particular del Plan de Emergencia del Presidente de EEUU para el Alivio del Sida (PEPFAR), que ayudó a brindar tratamientos a más de un millón de ugandeses y financió programas de prevención para poblaciones de alto riesgo. Aproximadamente 1,4 millones de personas viven con VIH, con decenas de miles de nuevas infecciones cada año.

Las personas LGBTIQ+ y las trabajadoras sexuales en Uganda enfrentan riesgos de VIH desproporcionadamente altos en comparación con la población general, ya que el estigma, la criminalización y el acceso cada vez más reducido a servicios comunitarios limitan sus posibilidades de prevención y tratamiento.

Durante décadas, gran parte de la respuesta del gobierno estadounidense se ha canalizado a través de redes comunitarias que tienden puentes entre los sistemas de salud formales y las poblaciones marginadas.

En su respuesta a The New Humanitarian, el Departamento de Estado aportó nuevos datos que, según dijo, muestran que el número de personas que reciben tratamiento antirretroviral en Uganda aumentó a finales de 2025 en comparación con el año anterior, señalando la "resiliencia y adaptabilidad a largo plazo" de la respuesta ugandesa al VIH.

Sin embargo, trabajadoras de la salud denunciaron que desde el año pasado los socios ejecutores del gobierno estadounidense les han indicado – de manera formal o informal – que prioricen a determinados grupos – como mujeres embarazadas y en periodo de lactancia – para la profilaxis posexposición, incluso cuando otras poblaciones de alto riesgo tienen dificultades para acceder a ella.

"No podemos acabar con el sida eligiendo quién puede acceder a los medicamentos", dijo Byanyima. La directora de ONUSIDA también advirtió que el impacto real de estas disrupciones puede no ser visible todavía.

Una trabajadora de la salud que lleva más de 15 años en la prevención y el tratamiento del VIH entre personas LGBTIQ+ dijo que tenía un único y urgente mensaje para los responsables de la política estadounidense: "Vamos a morir. Por favor, tengan compasión".

Editado por Obi Anyadike. Soita Khatondi Wepukhulu es una periodista de investigación galardonada que informa sobre salud global, gobernanza y derechos humanos en África. Este artículo fue publicado originalmente_en inglés por The New Humanitarian._

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