El juez autoriza a la UCO a investigar las cuentas bancarias de la pareja de Ayuso

El titular del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, Antonio Viejo, da impulso a la investigación contra el empresario Alberto González Amador. Un año después de que su antecesora encomendase a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indagar si la compraventa de una sociedad por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso escondía el pago de una suerte de comisión a un directivo de Quirón, el magistrado ha dado luz verde a los investigadores para que recaben, como ellos mismos solicitaron hace seis meses, información bancaria sobre los investigados –tanto el empresario como la farmacéutica Gloria Carrasco– y sobre las sociedades relacionadas , tal y como consta en un auto al que ha tenido acceso infoLibre.

De los tres ámbitos de actuación que la UCO considera "determinantes para el esclarecimiento de los hechos", el instructor ha considerado "prioritario y previo" centrarse en la información bancaria. Será luego, en base a estos primeros resultados, cuando decida si extiende el examen policial "a la información tributaria de personas físicas o jurídicas relacionadas" o a los datos que obren en los archivos de la Tesorería General de la Seguridad Social. "Las diligencias interesadas tienen por objeto construir, de manera preliminar, el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida ", resalta el juez.

Viejo da luz verde a los investigadores para que recaben de 16 entidades financieras información bancaria de los últimos 12 años –desde 2014 hasta la actualidad–. Una extensión que justifica alegando que lo que se indaga en la causa es algo que, indiciariamente, "tiene su génesis en relaciones jurídicas sostenidas en el tiempo".

La apertura de esta pieza separada se produjo en octubre de 2024, frustrando las pretensiones del empresario de resolver sus problemas con la justicia por medio de un pacto con Fiscalía y Abogacía del Estado que pusiera un rápido punto final a la causa contra él por fraude fiscal. En un primer momento, la entonces instructora, Inmaculada Iglesias, rechazó la ampliación de la investigación reclamada por PSOE y Más Madrid, que ejercen la acción popular. Pero tras un recurso de ambas formaciones, rectificó y aceptó abrir una nueva línea en las pesquisas, decisión que posteriormente fue avalada por la Audiencia de Madrid.

Los hechos se centran en una empresa: Masterman & Whitaker. Es la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención SL , filial del gigante que se ha beneficiado de la privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. Esta operación fue recogida por la Agencia Tributaria, que en el informe que en su día elaboró sobre las empresas de González Amador señalaba que la citada maniobra no era más que una "simulación" para generar "bases imposibles negativas" en la sociedad a compensar en el "futuro". Masterman, decía, no tenía medios suficientes como para realizar los servicios cedidos.

Esta empresa no siempre se llamó así. La sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros y con el nombre Círculo de Belleza. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco , a la que se designó como administradora única de esta compañía dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano, con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino , con otro 20%. Este último es, desde hace años, director general de Quirón Prevención. Y era consejero de Mape, la empresa para la que intermedió la pareja de Ayuso en una operación de compraventa de mascarillas con FCS que le reportó 1,97 millones de euros.

La pareja de la presidenta madrileña compró en plena pandemia la sociedad a la mujer de Camino, que con el paso de los años se convirtió en accionista única. El 4 de diciembre de 2020 se transmitieron a Maxwell Cremona por 499.836 euros todas las participaciones de Círculo de Belleza , que luego pasaría a denominarse Masterman. Un importe "elevado" a ojos de la Agencia Tributaria. Y de la Fiscalía: "No tenía inmuebles a su nombre; no tenía (ni había tenido en los años anteriores) trabajadores; y su activo material estaba compuesto por un ordenador portátil sin valor y tres aparatos de depilación y remodelación corporal", analizaba el Ministerio Público en un escrito.

"Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido , ya fuera en relación a la intermediación entre FCS y Mape, o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención (y la que haya obtenido después, que por el momento no consta en los autos), o por ambas cosas", sostenía el fiscal cuando solicitó la intervención de la UCO en el caso. Un informe en el que llegaba a usar la palabra soborno y apuntaba hacia un posible blanqueo: "Es necesario indagar si el producto de estas actividades –realizadas aparentemente por medio de sobornos, aún en el sector privado– se ha trasformado de algún modo, o se ha disimulado de alguna manera para ocultar un ilícito origen".

Tanto la pareja de Díaz Ayuso como Carrasco negaron la existencia de un soborno al directivo de Quirón, alegando que el elevado precio pagado por la empresa obedecía al potencial de la misma. El mismo argumento que ya esgrimió en la inspección fiscal: "Es una apuesta por esta empresa y es quien nos hacía de enlace con las farmacias para implantar Covid Seguro. Además, esta empresa tiene un contrato con Mape. Se pagó este importe por los acuerdos que tenía Círculo de Belleza con estas empresas, dado que en ese momento resultaban atractivos".