La Xunta restringe su protocolo de acoso laboral para dejar fuera al personal de Educación

La Consellería de Educación venía negándose a aplicar a su personal docente el protocolo general de la Xunta contra el acoso laboral , lo que viene motivando sucesivas condenas judiciales obligándola a hacerlo, porque nada en ese documento decía que el personal de la enseñanza quedase al margen. Ante esta situación, ahora la Xunta acaba de modificar el texto del protocolo para reflejar expresamente que es de aplicación solo al personal de la administración general, quedando el de Educación a la espera de un protocolo propio.

Mientras, frente al protocolo general que contempla que tras una denuncia debe intervenir un comité con representantes sindicales , Educación viene resolviendo denuncias a través de su Inspección Educativa, con diversas condenas por archivar casos sin tomar siquiera declaración a las personas denunciantes.

El protocolo general contra el acoso laboral de la Xunta, aprobado por primera vez ya en 2016 y con posteriores versiones, la última de 2023, establece que las denuncias tienen que ser analizadas por un Comité de Intervención con representación sindical. Pero el Gobierno gallego va a restringir su aplicación solo a la administración general a través de una modificación ya aprobada que prevé publicar en el DOG en la primera quincena de julio, cuando entrará en vigor.

En otros ámbitos, como el del personal de la administración de Justicia, se aprobó en 2023 un protocolo específico, que también contempla un comité con representación sindical. Y en el Sergas existen desde hace décadas diversos protocolos , planes de acción y documentos contra la violencia laboral de todo tipo. Pero en Educación aún está pendiente de aprobarse, con su negociación con los sindicatos muy avanzada, un protocolo específico que tenga en cuenta las características concretas del sector.

A falta de un protocolo para Educación, las denuncias presentadas por personal de ese ámbito, incluso las que expresamente reclaman la aplicación del protocolo general de la Xunta y de su Comité de Intervención, vienen siendo tramitadas por la Inspección Educativa, lo que limita su independencia. Ante esas decisiones reiteradas de la consellería, las personas afectadas se ven obligadas a recurrir a la justicia y son varias las sentencias que en los últimos tiempos han anulado actuaciones de esa Inspección por diversas deficiencias, como resolver casos sin tomar siquiera declaración a víctimas o testigos, como sí se exige expresamente en el protocolo general.

En este contexto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de hacer pública una sentencia en la que fue más allá de un caso concreto de supuesto acoso laboral denunciado en Educación y analizó en profundidad el protocolo general de la Xunta para concluir que nada en su texto decía que no fuese de aplicación a la enseñanza o al resto del personal de la Xunta más allá de su administración general.

Según la argumentación de la Xunta ante el TSXG, el protocolo general estaría ligado a su I Plan de Igualdad , que a su entender no afectaría a los sectores de educación, sanidad y justicia, que tendrían sus documentos específicos. Sin embargo, el TSXG analiza las resoluciones de 27 de octubre de 2023 que aprobaron respectivamente el plan de igualdad y el protocolo de lucha contra el acoso laboral supuestamente ligado a él y niega esa conexión entre ambos documentos.

El tribunal subrayó que el plan de igualdad, dirigido al personal de la administración general, analiza la discriminación o violencia sexual, pero que el protocolo va más allá y "también extiende su ámbito al acoso moral o psicológico" al margen del sexo. "No se establece limitación alguna al personal de la Xunta de Galicia , sin que se ciña al personal dentro del ámbito de gestión de la Dirección Xeral de Función Pública", concluyó el TSXG. Así que ahora el Gobierno gallego acaba de modificar la cláusula tercera de ese protocolo general, en la que establece el ámbito de aplicación, para dejar expresamente fuera al "personal docente", además del que trabaja en el Sergas y en la administración de justicia.

Pese a ese pronunciamiento del TSXG, la Consellería de Facenda, responsable del funcionariado, consultada por Praza.gal, insiste en que el protocolo general de acoso "se enmarca dentro del I Plan de Igualdad , que va dirigido únicamente al personal funcionario y laboral de la Administración general", incluido el personal no docente de Educación.

El Gobierno gallego se empeña en su interpretación incluso después de que ya se haya pronunciado la justicia e insiste en que "la lectura aislada del ámbito de aplicación del protocolo puede inducir a error , dado que no reproduce exactamente el ámbito de aplicación del I Plan de Igualdad, lo que podría interpretarse en el sentido de que el protocolo sea también de aplicación al personal docente". Esa interpretación es exactamente la que hace la justicia, así que, como la justicia dice que su protocolo no ponía lo que la Xunta decía que ponía , la Xunta modifica ahora el protocolo para que lo ponga más claramente.

La medida desprotegerá al personal docente de Educación mientras no se termine la negociación de su protocolo específico con los sindicatos. Desde la CIG señalan que en el caso del personal de Educación existen distintos riesgos que deben ser atendidos por un protocolo específico, ya que no es lo mismo el trabajo de un docente que el del personal de servicios. Pero, a la espera de ese protocolo específico, lamentan la decisión de "desproteger" temporalmente al personal docente dejándolo al margen del protocolo general. También lamentan que se haya modificado el protocolo general sin convocar a la propia comisión de seguimiento de acoso laboral, sino llevando la propuesta a la Mesa General de la función pública, donde fue apoyada por otros sindicatos, y reclaman que se convoque en todo caso esa comisión específica para mejorar deficiencias en la aplicación del protocolo.