24 AÑOS DE CÁRCEL PARA ÁBALOS, EL EX NÚMERO DOS DE SÁNCHEZ

La Sala Segunda del Alto Tribunal ha hecho pública su sentencia del caso mascarillas y en ella condena por unanimidad al exministro de Transportes, José Luis Ábalos , a 24 años de prisión y a su asesor, Koldo García, a 19 años de cárcel, según solicitó la Fiscalía Anticorrupción. La condena para ambos es por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por cobrar sobornos a cambio de favorecer con contratos de material sanitario durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestion, representada por Víctor de Aldama.A este último, para quien la Fiscalía pedía 7 años de prisión, aunque en su informe final el fiscal jefe Anticorrupción abogó por que el Tribunal le aplicase la atenuante muy cualificada de confesión, el Tribunal le condena a cuatro años y medio, aunque suspende la ejecución de la pena por su contribución al esclarecimiento de los hechos, por lo que no entrará en prisión, como también interesaron las acusaciones populares.Tendrá que hacer trabajos para la comunidad, presentar un informe semestral de su actividad empresarial y se compromete a no volver a delinquir.Noticia relacionada general No No El Supremo premia sin cárcel la confesión de Aldama, condenado a cuatro años y medio frente a los siete que pedía Luzón Nati VillanuevaLa sentencia, ponencia de Andrés Martínez Arrieta, admite todos los puntos de la acusación del Ministerio Público: que los tres implicados conformaron una organización criminal con reparto de funciones, que la trama facilitó la contratación de la exapreja de Ábalos, Jésica García, en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec), que un socio de Aldama costeó como soborno al exministro un piso para ella en la Plaza de España de Madrid y que acordaron la compra de un piso en la Castellana para el político, así como que Claudio Rivas, empresario de los hidrocarburos, costeó una vivienda vacacional en Cádiz para el también ex secretario de Organización del PSOE en La Alcaidesa (Cádiz).La desconfianza que la corrupción desata en la ciudadaníaLa resolución destaca la desconfianza que la corrupción desplegada por Ábalos desata en la ciudadanía hacia las instituciones. «Una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados, o ajenos al servicio público para obtener un beneficio, experimenta una pérdida de legitimidad institucional, que compromete la estabilidad del propio sistema», se puede leer en la sentencia.«De esta manera los actos de corrupción (...) guardan una conexión directa con el ejercicio de la autoridad política, y, por ello, poseen un potencial desestabilizador mucho mayor»Asegura el tribunal que «de esta manera, los actos de corrupción no son sólo delitos de contenido patrimonial o delitos cometidos por 'malos servidores públicos', que, ocasionalmente, infringen sus deberes posicionales. Se trata de conductas que guardan una conexión directa con el ejercicio de la autoridad política, y, por ello, poseen un potencial desestabilizador mucho mayor».