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  "publishedAt": "2026-06-15T15:07:58.000Z",
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  "textContent": "Tres lustros después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero empezara a desmantelar el generoso sistema de ayudas a las renovables que él mismo había instaurado y que posteriormente el Ejecutivo de Mariano Rajoy terminó por liquidar, el Reino de España continúa encajando revés tras revés en los tribunales internacionales de arbitraje . El último ha confirmado la obligación del Reino de España de atender el pago de una indemnización de 23,9 millones de euros al grupo germano-suizo DCM Energy, que reclamaba una reparación de 56 millones al Estado español.El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de dirimir disputas entre Estados e inversores extranjeros, acaba de confirmar la resolución provisional que dictó el pasado mes de septiembre y que daba parcialmente la razón a los demandantes.Noticia relacionada general No No El fondo que pleitea contra España redobla la presión judicial en EE.UU. para embargar bienes de la selección en el Mundial Bruno PérezLa demanda había sido presentada en 2017 por un consorcio de inversores alemanes y suizos, que habían desarrollado una instalación de energías renovables en España aprovechando las ayudas públicas y que se vieron afectados por la retirada unilateral de las primas por parte del Reino de España, en el momento en que la gran crisis financiera dejó sin recursos las arcas públicas.Con esta resolución desfavorable la cifra de laudos dictados contra España asciende a 29 y la cifra de indemnizaciones resultante se eleva a 1.779 millones de euros, que tras agregarle las costas judiciales, los intereses de demora generados por la negativa del Gobierno a abonar estos laudos y otros recargos supera ya los 2.330 millones de euros.En la misma lista que Rusia y VenezuelaHasta la fecha, el Gobierno de España solo ha accedido a pagar uno de los 29 laudos dictados contra sus intereses por los tribunales internacionales de arbitraje, lo que ha situado a España junto a países como Rusia o Venezuela en el listado de países que más incumplimientos acumula de laudos dictados por la Corte Internacional de Arbitraje (CIADI).El caso español es, no obstante, muy singular. La normativa comunitaria impide a los países europeos pagar laudos arbitrales dictados en litigios que implican a dos actores, sean estados o empresas, de la Unión Europea, al entender que esas discrepancias se deben resolver con arreglo a las normas implantadas dentro de la UE. La mayoría de los vehículos societarios a través de los cuales inversores de todo el mundo desarrollaron sociedades de instalaciones renovables en España en aquellos años se domiciliaron en Luxemburgo para aprovechar las ventajas para los operadores comunitarios, lo que ha conducido a España a un laberinto de difícil salida . Por un lado los tribunales de arbitraje cuya jurisdicción reconocía en aquellos años le instan a pagar, por otro la Comisión Europea le amenaza con sanciones si abona esos laudos por no reconocer su jurisdicción en litigios entre actores comunitarios.En los últimos meses, además, el Gobierno se ha encontrado con que el fondo de litigios que representa los intereses de buena parte de los fondos acreedores de España, Blasket Renewables, ha elevado un punto la agresividad de su estrategia instando embargos de activos emblemáticos de España en el exterior como la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos o diferentes bienes y derechos vinculados a la participación de España en el Mundial de fútbol de Estados Unidos.",
  "title": "El enésimo revés a España por las renovables dispara la factura pendiente hasta los 2.330 millones"
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