Bruselas eleva la presión para que Hacienda ajuste el IRPF a la inflación

La espiral inflacionista que zarandeó la economía entre 2022 y 2024 erosionó el poder adquisitivo de los españoles desde muchos flancos. La cesta de la compra se encareció más de un 20%, las mejoras salariales no alcanzaron a cubrir el alza de la carestía de la vida y un buen puñado de bienes y servicios subieron hasta niveles poco accesibles para un sueldo medio. El fenómeno tuvo su puntilla fiscal. La decisión del Gobierno de no adaptar los principales umbrales de renta del IRPF a la escalada de la inflación empequeñeció el efecto protector sobre la renta de los contribuyentes de los mínimos personales y familiares e incrementó como nunca antes en la historia la carga fiscal sobre los salarios. Una reciente estimación del Registro de Asesores Fiscales (Reaf) estimó el perjuicio para las rentas bajas y medias de esa decisión en una horquilla de entre 250 y 770 euros para este año, unas cifras que van creciendo cada año que pasa.El asunto, que ha desencadenado un agitado debate político y académico en España, también ha llamado la atención de los funcionarios de la Comisión Europea, que en su último informe de recomendaciones al Gobierno español han señalado la no deflactación del IRPF como uno de los factores que ha acelerado la dependencia del sistema tributario de las rentas del trabajo, cuyo peso en los ingresos fiscales totales del país ya está por encima de la media europea, 51,8% respecto al 51,4%. «El aumento de los ingresos procedentes de los impuestos sobre los rendimientos del trabajo explica el 90% del aumento de la carga fiscal de España en la última década, lo que refleja una creciente dependencia de la fiscalidad del trabajo», subraya el informe.Noticia relacionada general No No Entrevista Jon González: «El debate público está dominado por la narrativa, no por datos y evidencia reales» Bruno PérezNo solo Bruselas sino otros organismos internacionales como el FMI o la OCDE han venido cuestionando en sus informes el excesivo peso de la fiscalidad sobre los salarios en España, un país que presenta unas tasas de paro impropias de un país desarrollado aún después de encadenar un lustro de crecimientos dinámicos tras el golpe de la pandemia.El Gobierno se queda solo en su enfoque con el IRPFEl Gobierno está cada vez más solo en la defensa de la no actualización del Impuesto sobre la Renta con la inflación. El pasado 22 de abril una mayoría del Congreso, con los votos a favor del PP, Vox, Junts, Coalición Canaria y UPN, y la abstención del PNV, exigió al Gobierno la deflactación del IRPF a partir de una moción presentada por el PP, cuyo principal valor fue visibilizar la existencia de una mayoría política a favor de actualizar las grandes cifras del Impuesto sobre la Renta para aliviar la presión fiscal sobre los salarios y tumbar la controvertida estrategia de alimentar las arcas del Estado a golpe de progresividad en frío. Hay que recordar aquí que el Gobierno logró que la Comisión Europea le aceptara el uso de la progresividad en frío como parte de su reforma fiscal para mejorar los ingresos del Estado en la negociación del plan fiscal estructural del Reino de España, en el que se descuentan unos ingresos anuales de en torno al 0,1% del PIB (unos 1.600 millones en 2026) hasta 2030 por este cauce.1.600 millones Un negocio para el Estado El Gobierno consiguió que Bruselas aceptara la no deflactación de la tarifa como una medida de reforma fiscal para mejorar los ingresos del Estado. La estimación oficial es que aportara en torno a un 0,1% del PIB extra de aquí a 2030.Incluso el socio del PSOE en el gobierno de coalición, Sumar, vislumbró en la última comparecencia parlamentaria del ministro de Hacienda, Arcadi España, margen para aliviar el impacto de esa estrategia sobre las rentas de menos de 30.000 euros, que según el Reaf son las que más sufren su impacto, al verse penalizadas por la no actualización de los mínimos personales y familiares del impuesto, estancados desde hace una década: 5.550 euros por persona con un plus de 1.150 euros a partir de los 65 años y de 1.400 euros a partir de los 75 años; 2.400 por el primer hijo, 2.700 euros por el segundo, 4.000 euros por el tercer y 4.500 euros por el cuarto y siguientes; y 1.150 y 1.400 euros por ascendiente a cargo según tengan más de 65 o 75 años. Los gráficos difundidos por el divulgador Jon González a través de las redes sociales demostraron que pese al discurso del Gobierno las rentas bajas también han perdido poder adquisitivo de 2018 hacia acá por la política desarrollada por el Gobierno en el IRPF.La presión sobre el Gobierno llega desde todos los flancos. El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Bernardo Bande, recordó recientemente que «deflactar la tarifa es adecuar el impuesto al nivel de vida: no hacerlo atenta contra el principio de capacidad económica . No actualizar las tarifas se traduce en una mayor tributación sin que haya aumentado el poder adquisitivo del contribuyente». Y otra asociación de profesionales tributarios, la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf) remitió una carta al Ministerio de Hacienda reclamando la revisión de los mínimos personal y familiar, la deflactación de la tarifa del IRPF y la actualización del límite de rentas para aplicarse el mínimo por ascendiente a cargo que lleva una década anclado en los 8.000 euros y que cada año expulsa a cientos de familias del perímetro de acción de este beneficio fiscal a los que conviven con sus padres generando un importante problema social.