Bruselas urge a Cuerpo a eliminar el poder de veto en fusiones bancarias con el TJUE en el horizonte

A la Comisión Europea se le acaba la paciencia con el Gobierno de España . Bruselas ha enviado una nueva carta de emplazamiento al Ejecutivo de nuestro país para que elimine cuanto antes el poder de veto del ministro de Economía sobre las fusiones bancarias tras un año de promesas incumplidas por parte del ahora vicepresidente primero Carlos Cuerpo. Fue en julio de 2025, después de que el Gobierno interviniera para prohibir tres años la fusión de BBVA y Sabadell si triunfaba la opa de los vascos, cuando la Comisión lanzó el primer requerimiento a nuestro país. Ahora refuerzan sus preocupaciones con una segunda carta y dan un plazo de dos meses al ministro Cuerpo para cambiar la legislación nacional . De lo contrario podrían emitir un dictamen motivado y, posteriormente, llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). «La Comisión considera que determinadas disposiciones de la legislación española en materia bancaria y de competencia, que otorgan al Gobierno español poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos, vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) y de los supervisores nacionales con arreglo a la normativa bancaria de la UE », señaló Bruselas hace casi un año, al tiempo que añadía que los poderes de veto del Gobierno constituyen «restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales».Noticia relacionada general No No Presidente de la Fundación Ibercaja Amado Franco: «La consolidación bancaria en España ya está hecha; falta la europea» Daniel CaballeroA ello se une ahora también el incumplimiento de la transposición de la directiva de capital CRD VI , donde se recoge que la capacidad de autorizar o no las fusiones bancarias debe recaer en los supervisores y no en los gobiernos, como publicó ABC. En el caso español, es el ministro de Economía de turno el que tiene poder para prohibir operaciones y eso a ojos de Bruselas resulta contrario a múltiples puntos de la legislación europea. Lo que reclama la Comisión, así, es que se elimine esa atribución política para que el poder pase al Banco de España o al Banco Central Europeo (BCE) según el tamaño del banco , como dicta la citada directiva. En un primer momento el Gobierno prometió acatar lo que decía Bruselas pero tras meses de espera y con la inacción del Ministerio de Economía, Europa ha constatado de nuevo el incumplimiento de España. «La Comisión ha actualizado la evaluación jurídica en la que se basa este procedimiento e incluido entre las infracciones detectadas las disposiciones pertinentes de la CRD VI. En particular, la Comisión considera que las medidas españolas en cuestión son incompatibles con el nuevo marco de la CRD VI que regula adquisiciones, fusiones, escisiones y otros cambios estructurales que afectan a entidades de crédito, lo que refuerza aún más las preocupaciones ya expuestas en la carta de emplazamiento de 2025», expone Bruselas en una nota, dejando claro que debía haber transpuesto la directiva como tarde el 10 de enero y no se ha hecho nada.La Comisión destaca, además, que «las consolidaciones en el sector bancario benefician a la economía de la UE en su conjunto y son esenciales para lograr la Unión Bancaria . Estas fusiones también garantizan que el capital se asigne de manera eficiente en toda la UE y que ciudadanos y empresas tengan acceso a productos financieros a precios competitivos, un objetivo clave de la Unión del Ahorro y la Inversión».Cambio de posición en el GobiernoLa realidad es que los cambios de posición del Ministerio de Economía han sido notorios a lo largo del tiempo. Tras la opa fracasada de BBVA, Carlos Cuerpo se comprometió con Bruselas a cambiar la normativa doméstica para garantizar la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en materia de supervisión prudencial. Esta formulación intrincada con la que se pronunció el ministerio venía a significar que la autorización o no de operaciones recaería exclusivamente en los supervisores, eliminando así el poder de veto político. El Ejecutivo dejaba la puerta abierta a seguir pudiendo intervenir en operaciones corporativas en el seno del análisis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque la posibilidad de prohibir fusiones bajo la ley de supervisión de entidades de crédito quedaría eliminada. Finalmente, Economía dio marcha atrás en ese posicionamiento y señaló que no hacía falta hacer ningún cambio de legislación en España porque se alineaba ya con la europea. A la vista de la nueva carta de emplazamiento de Bruselas, el choque está servido entre administraciones y todo apunta a que podría terminar en la Justicia europea.