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  "publishedAt": "2026-05-28T16:26:28.000Z",
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  "textContent": "«Fe ciega» en el trabajo de los técnicos municipales y un «volumen de trabajo inmenso para pocos recursos» en el ayuntamiento. Estos son los argumentos expresados por la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, durante su declaración este jueves en la Audiencia Provincial de Madrid. La regidora socialista –que también es hermana de Gertrudis , la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero– ha tratado de desvincularse de las acusaciones de presunta prevaricación urbanística y medioambiental en las que está implicada tanto ella como el concejal de Urbanismo, una exedil de Medio Ambiente y un técnico municipal. La Fiscalía sostiene que los acusados habrían hecho caso omiso de forma reiterada a las quejas de los vecinos por el ruido y el incumplimiento del horario por parte del Casón de la Quinta de San Antonio. Sobre este negocio tan solo se incoaron cuatro expedientes sancionadores entre 2019 y 2025 frente a las numerosas denuncias derivadas de las bodas y demás eventos celebrados en este mismo espacio, señala la Fiscalía. En ningún momento la alcaldesa pidió informes para conocer la situación ni consideró entre sus funciones «inmiscuirse en las competencias de los funcionarios», tal y como ha indicado en su declaración en la segunda y última sesión de la vista oral. Alcázar, que es alcaldesa desde 2015, ha defendido que no tuvo conocimiento de los hechos hasta un pleno celebrado en 2023 . Desde ese momento, ha asegurado la regidora socialista, habló con el técnico municipal correspondiente, considerando que son estos funcionarios los competentes ya que, por su parte no puede realizar ninguna «resolución arbitraria».Noticia relacionada general No No Juzgan a la hermana de Gertrudis, secretaria de Zapatero, por prevaricar como alcaldesa de Velilla Carlos HidalgoAnte la cuestión de la Fiscalía sobre si ejerció la potestad sancionadora, ha reseñado que su intención era resolver el conflicto y que necesitaba que los técnicos municipales emitieran los informes correspondientes antes de adoptar cualquier medida. «No les puedo obligar», ha indicado antes de matizar que tan solo puede firmar resoluciones «a propuesta y con el aval técnico y jurídico de los funcionaros». También ha hecho hincapié en el «volumen de trabajo inmenso para los pocos recursos» que existen: «Hay mil departamentos con mil expedientes cada uno».Los vecinos de esta finca han expuesto la «ansiedad» y «angustia» que reiteradamente han sufrido durante años como consecuencia de la actividad realizada en este local. Los denunciantes han explicado que durante años se han mantenido en contacto con la Policía Local del municipio, que, según expuso el agente el miércoles, habrían levantado «cinco o seis actas» ante la «intensidad» del ruido y las molestias detectadas en algunas ocasiones pasadas las «cuatro y pico» de la madrugada. No solo describen el sonido de la música durante las celebraciones en el jardín con el que sus viviendas colindan, también la presencia de pirotecnia, tracas y botes de humo. El técnico del ayuntamiento, por su parte, ha admitido ser consciente de los problemas que estaba generando el Casón de la Quinta de San Antonio, insistiendo en que no daban solución «porque no teníamos medios», reconociendo además que la licencia concedida «tan solo era para actividades en el interior», realizándose aún así actividades en el jardín, que este mismo año ha sido clausurado como medida cautelar.La Fiscalía ha concluido que «existe una omisión de funciones y competencias» exigibles a los trabajadores públicos«Nadie hizo nada para dar una solución a los vecinos ni se hicieron inspecciones ni se impulsaron expedientes sancionadores. Existe por tanto una omisión de sus funciones y competencias», ha aseverado la fiscal, añadiendo que el control de la vulneración de la normativa urbanística como ambiental –la exedil ha declarado que «no sabía que existían los expedientes ni la problemática– es exigible a los funcionarios públicos.El Ministerio Fiscal entiende que las infracciones han sido «silenciadas», que el local carecía de una licencia para el uso que le estaban dando al jardín de dicha propiedad y que «se ha omitido la actividad inspectora», lo que implica «directamente» a los responsables municipales. La acusación pública reclama indemnizaciones de por los perjuicios sufridos durante esos años de 4.000 euros a cada uno de ellos, además de los tres años de cárcel, multas de veinte meses con cuota diaria de 15 euros; e inhabilitación especial durante doce años para empleo o cargo público relacionado con funciones urbanísticas y ambientales. Las defensas de los acusados reclaman la absolución de sus clientes al considerar que los delitos no están probados.",
  "title": "La alcaldesa de Velilla, hermana de Gertrudis, señala a los funcionarios para eludir la acusación de prevaricación"
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