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  "publishedAt": "2026-05-22T16:21:26.000Z",
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  "textContent": "El Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma cautelar el decreto de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno y que, según ha anunciado la Abogacía del Estado este viernes, durante una vista celebrada ante la Sala Tercera, se ha traducido ya en medio millón de solicitudes (en concreto 549.596) en apenas 35 días. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado la legitimación activa de tres de los cinco recurrentes, por lo que en estos casos ni ha entrado en valorar las alegaciones que esta misma mañana habían hecho en la vista convocada en el Alto Tribunal. Se trata de Hazte Oír, Libertad y Justicia y la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica. En los otros dos casos, Comunidad de Madrid y Vox, no cuestiona su legitimación y sí ha valorado los argumentos que su representación jurídica ha esgrimido en esa vista. La Sala rechaza así la paralización del decreto que ambos recurrentes habían solicitado y, aunque sus argumentos se conocerán en los próximos días, acoge la tesis de la Abogacía del Estado, que había pedido a los magistrados que no accedieran a la petición de suspensión apelando al «interés general» y a los beneficios que esta regulación extraordinaria va a tener en la economía española «a corto y medio plazo». Y es que, a su juicio, culminar este proceso es vital para que estas personas pasen a cotizar y a engrosar las arcas públicas aliviando de paso la escasez de mano de obra en sectores clave como la agricultura, la hostelería o los cuidados. El abogado del Estado ha defendido la «pronta y efectiva integración social» del colectivo para que los expedientes estén resueltos en tres meses desde que culmine el plazo de solicitud (el próximo 30 de junio) y ha negado que esta regularización vaya a alterar el censo electoral, como había argumentado Vox. «En ningún caso ninguna de estas personas va a poder votar en las próximas elecciones», ha apuntado el letrado, que ha recordado \"que por mucho que se quiera correr hay plazos para la obtención de la nacionalidad (en la mayor parte de los casos 5 ó 10 años y sólo en un pequeño porcentaje 1 ó 2). Ha negado, además, que se trate de regularizar a todo el que llegue a España sino que la regulación extraordinaria se ciñe a aquellos que estaban en España el 1 de enero de 2026 y que acrediten que llevaban residiendo en España desde cinco meses antes. Partidos y asociaciones defendieron en cada una de las cinco vistas consecutivas celebradas este viernes que la Sala Tercera ha celebrado que el decreto vulnera la apariencia de buen derecho desde el momento en que tenía que haber pasado por el Congreso para su debate y que no se puede modificar por esta vía la ley de Extranjería. Han cuestionado además el efecto llamada y que esta decisión no haya sido consensuada con la UE.El letrado de la Comunidad de Madrid ha apelado al perjuicio irreparable y la pérdida de finalidad del recurso que supondría no paralizarlo en este momento porque eso tendría unos efectos automáticos en la residencia y el trabajo que serían imposible revertir si la sentencia sobre el fondo del asunto resultara estimatoria. El letrado ha señalado que este decreto de regularización no tiene parangón histórico en España ni en el derecho comparado de la Unión Europea.En este sentido ha recordado que la regularización de 2005 exigía un contrato de trabajo de 40 horas y duración mínima de seis meses. De igual forma las regularizaciones anteriores (1986, 1991, 1996, 2000) exigían acreditar la relación laboral. Tampoco en derecho comparado, ha dicho, encontramos algo parecido. El representante de la Comunidad de Madrid se ha referido también a que la ejecución inmediata de este decreto obliga a una adaptación «abrupta y estructural» de servicios públicos —sanidad, servicios sociales, empleo y vivienda— con efectos irreversiblesPor su parte, y a través de Jorge Buxadé, quien este viernes se ha puesto la toga en el Supremo, Vox ha acusado al Gobierno de hacer algo que está muy por encima de la ley de Extranjería y de la propia Constitución y ha asegurado que su única finalidad es «darle papeles a todo el mundo». Ha sido precisamente Buxadé quien ha advertido de cómo la incorporación de estos inmigrantes va a alterar el censo y «modificar la estructura de las administraciones y del Congreso de los Diputados y ha alertado de »riesgos de difícil reparación«.",
  "title": "El Supremo rechaza paralizar la regularización de inmigrantes mientras decide sobre su legalidad"
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