La juez envía a juicio a siete exmonjas de Belorado por abandono de las cinco ancianas, coacciones y apropiación indebida de sus pensiones

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao ha acordado la apertura de juicio oral contra siete de las exreligiosas de Belorado por presuntos «delitos de abandono, omisión del deber de socorro, coacciones, trato degradante y delitos patrimoniales de administración desleal y apropiación indebida» sobre las cinco monjas mayores, que nunca abrazaron el cisma y que tuvieron que ser rescatadas por la Guardia Civil el pasado diciembre del monasterio de Orduña (Vizcaya). El auto, al que ha tenido acceso ABC, describe un panorama de presunta «falta de higiene generalizada», ausencia de atención médica, control psicológico sobre las religiosas mayores y utilización de sus cuentas bancarias y pensiones para sostener los negocios impulsados por las exclarisas. La resolución considera que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento abreviado contra siete de las investigadas, las siete que todavía perseveran en el cisma y que ahora se encuentran viviendo entre la casa familiar de una de ellas en La Puebla de Montalbán (Toledo) y el monasterio de Orduña, del que todavía mantienen el uso, pese a la demanda de desahucio que recae sobre él. Además, el auto decreta el sobreseimiento provisional para una octava exreligiosa por no apreciar una participación suficientemente acreditada. Se trata de la anteriormente conocida como sor Myryam, la cocinera en el 'restaurante de clausura' de Arriondas (Asturias), que dejó la comunidad en enero y se hizo cargo del establecimiento hostelero junto a su familia. Precisamente, su alegación de que «se mantenía en ese restaurante acercándose a la localidad del monasterio sólo en contadas ocasiones» y pese a que su nombre consta en lagunas de las transferencias hechas con las cuentas de las monjas mayores, ha llevado a la juez a apartarla provisionalmente del caso. Noticia relacionada general No No La historia tras la amenaza de una exmonja de beloradoLa magistrada sostiene que los hechos investigados «aparentemente, pueden constituir» delitos de «abandono, omisión del deber de socorro, coacciones, trato degradante o contra la integridad moral» y también delitos «contra el patrimonio (administración desleal y apropiación indebida)». Además, el texto de la juez sitúa el origen de la causa en el llamado «Manifiesto Católico» difundido el 13 de mayo de 2024, cuando la entonces abadesa y el resto de las religiosas investigadas anunciaron públicamente su ruptura con la Iglesia católica y dejaron de reconocer «la autoridad del Papa», al que calificaron «como usurpador de la Santa Sede». El auto recuerda que aquel paso provocó el cisma y la posterior excomunión de las religiosas.Según recoge la resolución judicial, dos de las diez exreligiosas que inicialmente se sumaron a la ruptura, acabaron abandonando el monasterio en los meses posteriores. Se trata de sor Paz y sor Adriana, que también han declarado en causa como testigos protegidas. En su comparecencia ante la juez relataron «una situación en la que las investigadas en su conjunto les hacían objeto de humillaciones, castigos, vejaciones y anuncios de represalias si no estaban con ellas».Pero mayor gravedad atribuye la instructora a la situación de las cinco monjas ancianas, a las que el auto identifica como «hermanas o monjas mayores». Entre los indicios que llevan a apertura del juicio, la juez sostiene que ninguna de ellas tomó realmente la decisión de adherirse al cisma y subraya que varias presentaban «deterioro cognitivo severo» o «moderado», con una «merma de facultades cognitivas-volitivas que les impedía discernir y comprender el alcance de la decisión».El auto detalla que las lamentosas condiciones en que se encontraban estas ancianas, entre 87 y 101 años, comenzaron en el monasterio burgalés de Belorado, pero se agravaron con su traslado a finales de julio de 2025 al cenobio de Orduña. Como ya informó ABC en aquellos momentos, cuando adelantó la intención de las cismáticas de llevarse a las mayores para utilizarlas como un escudo ante el inminente desahucio, Orduña no reunía las condiciones para atender a unas personas con ese elevado grado de dependencia. Allí, según recuerda también la resolución, las investigadas impidieron en dos ocasiones que las religiosas mayores fueran llevadas a otros monasterios de clarisas, pese a las órdenes judiciales y a las actuaciones de la Guardia Civil. La magistrada recoge cómo los agentes desistieron inicialmente de sacar a las ancianas «para no perturbarlas dada su elevada edad y estado». Finalmente, el 18 de diciembre de 2025, y en el tercer intento, se autorizó una nueva entrada judicial en el monasterio para evacuar a las mayores y someterlas a valoración forense en el hospital de Basurto, en Bilbao.Fue entonces cuando, según el auto, los médicos y agentes encontraron una situación especialmente alarmante. La juez señala que «siendo algo más de las 10.00 horas aún no habían sido aseadas (cambio de pañal), no se les había suministrado el desayuno y por tanto tampoco la medicación pautada», una información que ya adelantó ABC en aquellos momentos. La resolución describe además escenas de fuerte impacto: «En la celda de una de las religiosas había dos perros sobre la cama, uno de ellos sobre la almohada; hay restos de excrementos y orines en la celda y baño». Otra de las ancianas «estaba sentada en el inodoro sola sin atención».El informe forense incorporado a la causa refleja igualmente «suciedad acumulada, restos de alimentos, alguno en mal estado, el baño con fuerte olor a orina, cocina con utensilios apilados (...) suciedad generalizada, perros y gatos sueltos y aves en el patio central». Además, también se aporta otra declaración, de la que también dió cuenta este diario en su momento en la que una testigo de aquella operación de rescate aseguró como una de las monjas mayores le dijo que estaba contenta por que «hoy todavía no me han pegado» y que otra de las ancianas, preguntada sobre si había sufrido agresiones, «dijo que sí, y que tenía miedo a las investigadas». En otra declaración de las ancianas, recogida en el auto, se explica que «no quería salir porque le habían dicho las investigadas que las otras clarisas las querían envenenar». Además, planteó que «creía que no pertenecía a la misma religión».El texto con el que la juez solicita la apertura de juicio oral, señala como una de las cinco religiosas ancianas quedó ingresada en el hospital de basurto el día del rescate por su estado de salud, con «diagnóstico grave por insuficiencia e infección respiratoria». Más tarde fue dada de alta, pero su situación se complicó y falleció pocas semanas después, el 9 de enero de 2026. Aunque la instructora admite que ese desenlace «podría haber dado lugar a la incoación de diligencias ante indicios de homicidio por imprudencia», finalmente descarta por ahora esa vía al considerar que «el nexo causal no está suficientemente determinado» debido a las patologías previas de la religiosa fallecida.