El Gobierno vasco otorga el tercer grado a los etarras Guridi y Zabalo

Menos de un mes después de hacerlo con Juan Carlos Iglesias Chouzas 'Gadafi' y Eneko Gogeaskoetxe, el Gobierno vasco liderado por Imanol Pradales continúa con la concesión de terceros grados a presos de ETA. Según ha adelantado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y ha podido confirmar ABC en fuentes del Ejecutivo autonómico, ahora se trata Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo Beitia , que cumplen condena en la cárcel de Martutene (Guipúzcoa). El primero ya contaba con la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite privilegios (como salidas diarias) propios del tercer grado aún estando en segundo para «flexibilizar» el cumplimiento de la condena. En el caso de Guridi esta ascendía a más de 1.000 años de prisión. En cuanto a Zabalo, ya progresó a tercer grado en 2024, aunque este fue revocado por la Audiencia Nacional. Ahora, las dos nuevas progresiones requieren del visto bueno del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, funciones que ejerce el citado tribunal al ser responsable de los delitos de terrorismo, y que aún no se ha pronunciado. Detenido en Francia en el año 2002 junto a su pareja sentimental Ainhoa Mujika, jefa del aparato militar de ETA a finales de los 90 y que también cumple condena con la autorización del artículo 100.2, Juan Antonio 'Jon' Olarra Guridi formó parte primero del comando Donostia y después del comando Levante. Con un historial criminal difícil de resumir, en el año 2011, la Audiencia Nacional le condenó a mil años de cárcel por el atentado con coche-bomba contra el subsecretario de Política Científica Juan Junquera en la calle de Corazón de María (Madrid), el 6 de noviembre de 2001, que causó 95 heridos. Además, en 2024 la Audiencia Nacional también lo reclamó para juzgarlo por su responsabilidad como miembro de la cúpula de ETA en el atentado de 2002 en la casa cuartel de Santa Pola (Alicante), donde murieron Cecilio Gallego Alamino y Silvia Martínez Santiago, hija de un Guardia Civil, de tan solo seis años de edad. De acuerdo con la información expuesta por Covite, Guridi cuenta con una pena de cumplimiento de 30 años de prisión cuya fecha de finalización está prevista para el año 2036. Desde julio de 2025, ya contaba con la concesión del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.Tercer grado revocadoEn el caso de Xabier Zabalo, fue condenado a 25 años de prisión por delitos terroristas, entre ellos estragos, lesiones, tenencia de armas con fines terroristas y depósito de explosivos con finalidad terrorista. La administración vasca ya autorizó en diciembre de 2024 una progresión al tercer grado para él. Sin embargo, esta fue revocada en marzo de 2025 por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, teniendo que regresar a prisión. Tras la decisión, Sare, el colectivo de apoyo a los presos vinculado a EH Bildu, promovió una manifestación en su localidad natal de Villarreal de Urrechua(Guipúzcoa). «Esa movilización no es un dato menor. Es la prueba de que estos presos siguen insertos en una red política y social que los reivindica como héroes y que sigue presentando sus condenas como un problema político, no como la consecuencia de rendir cuentas ante la Justicia por sus crímenes terroristas gravísimos», ha afirmado hoy la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.La asociación ha exigido la dimisión de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, que tiene atribuidas las competencias en Administración Penitenciaria desde su traspaso en octubre de 2021, por una política penitenciaria que «ha quedado completamente desautorizada por la Audiencia Nacional». Afirma que estas nuevas concesiones constituyen «un nuevo episodio de la amnistía encubierta» que el Ejecutivo autonómico vasco viene aplicando a los presos de ETA. El Colectivo reitera que el Gobierno vasco está utilizando los terceros grados y los artículos 100.2 del Reglamento Penitenciario como «instrumentos» para acelerar la semilibertad de los presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento sincero ni una ruptura pública, clara e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo, justificó y «todavía hoy legitima» el terrorismo de ETA.Noticia relacionada general No No El PP pide la dimisión de la consejera vasca de Justicia tras tumbar la Audiencia las salidas de Anboto Gerard BonoAsí, el Colectivo enmarca estas dos nuevas concesiones en un contexto de creciente desautorización judicial de la política penitenciaria del Gobierno vasco. En las últimas semanas, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha dejado sin efecto los artículos 100.2 concedidos a los etarras Soledad Iparraguirre, 'Anboto', y Juan Ramón Carasatorre, en unos autos que, a juicio de Covite, «confirman exactamente lo que la asociación viene denunciando desde hace años: que el Ejecutivo vasco está forzando la legalidad penitenciaria para facilitar regímenes de semilibertad a presos de ETA sin cumplir de verdad los requisitos legales». Por todo ello, exigen la dimisión «inmediata» de San José y piden que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurra estos dos nuevos terceros grados y actúe para acabar con esta «política penitenciaria fraudulenta».