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  "textContent": "Cuando no se han cumplido ni dos años de su mandato, que ha coincidido en el tiempo con la investigación relativa al presunto blanqueo de Plus Ultra fuera de nuestras fronteras, el Gobierno ha relevado de forma sorpresiva a la magistrada de enlace con Francia y ha despojado a este puesto de su acreditación extendida a Suiza, lo que permitía que un juez de enlace en territorio galo pudiera actuar en el país helvético, que no cuenta con esta figura. La plaza de juez de enlace en Francia se convocó en el BOE del pasado 7 de mayo (tras una resolución de la Secretaría de Estado de Justicia fechada el 24 de abril) y ha levantado todas las alarmas en el PP, que días antes de que trascendiera la imputación de Rodríguez Zapatero, dirigió a Justicia una batería de preguntas parlamentarias sobre el porqué del fulminante relevo. El puesto, pensado para un mandato de cinco años, es clave en la persecución de los delitos financieros en un eje clave, como se ha visto en el caso Plus Ultra, pues fueron precisamente las solicitudes de cooperación judicial internacional procedentes de Francia y Suiza, identificando un entramado de sociedades pantalla, las que dieron origen al procedimiento en el que ha acabado con Rodríguez Zapatero imputado. El escrito a la Mesa del Congreso, al que ha tenido acceso ABC, y que está firmado por las diputadas Concepción Gamarra y María Jesús Moro, pone el foco sobre una doble anomalía: la interrupción de los plazos legales de permanencia de la actual magistrada y el radical cambio de criterio mantenido por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en apenas dos años.Respecto a la primera de las cuestiones, hay que recordar que Silvia Martínez Cantón, una juez con un perfil mucho más internacional, técnico y académico que el de Pilar Llop, de quien se habló como aspirante a este puesto, fue nombrada el 22 de julio de 2024. La propia resolución original de esa convocatoria estipulaba que el mandato tendría una duración de cinco años, fijando un «período mínimo de permanencia en el puesto de dos años desde la ocupación efectiva». Sin embargo, con esta nueva convocatoria de mayo de 2026, el departamento que dirige Bolaños ha iniciado el proceso de relevo sin que hayan transcurrido los dos años de permanencia obligatoria. De ahí que el PP pregunte directamente al Ejecutivo para que aclare qué «circunstancias objetivas sobrevenidas» o «razones de interés público» justifican la sustitución. Y es que, según argumenta la oposición, el rodaje de un magistrado de enlace requiere un mínimo de un año para alcanzar plena eficiencia, generar confianza con las autoridades extranjeras y consolidar el conocimiento de los mecanismos de cooperación bilateral.«Eficiente y conveniente»El segundo pilar de la denuncia radica en la amputación de las competencias sobre Suiza , un territorio estratégico para combatir la delincuencia económica. El PP ha rescatado una respuesta oficial que el propio Gobierno remitió a la Cámara Baja el 22 de marzo de 2024. En aquel documento, la Secretaría de Estado defendía que la extensión de la acreditación de Francia a Suiza «no es medida singular y excepcional , sino que es la regla general en las magistraturas de enlace». El Ejecutivo justificaba entonces que los estudios técnicos revelaban esta opción como la «más eficiente» y «conveniente por razones económicas y de eficiencia en la asignación de los recursos» frente a la alternativa de crear nuevas estructuras autónomas.Dos años después de considerarlo «eficiente y conveniente», el mismo Ministerio suprime la acreditación helvética de una magistratura plenamente operativa e integradaEs decir, dos años después de considerarlo «eficiente y conveniente», el mismo ministerio suprime la acreditación helvética de una magistratura plenamente operativa e integrada, a pesar de que mantenerla no suponía la creación de nuevas estructuras ni costes adicionales significativos para el Estado. Las diputadas populares se preguntan si el Gobierno considera oportuno reducir el alcance territorial de una red especializada precisamente en un escenario marcado por la «creciente importancia estratégica de la cooperación judicial internacional en materia de localización de activos, asistencia penal internacional y delincuencia económica transnacional».Más allá de los desajustes normativos, el escrito introduce una suspicacia de calado sobre el control de la información en los procesos de asistencia mutua. El Grupo Popular pregunta directamente si en la decisión de suprimir la plaza y acelerar el cambio de titular ha influido el hecho de que una parte sustancial de la cooperación con Suiza se articula mediante mecanismos de comunicación directa entre las propias autoridades judiciales. En estos canales, el magistrado de enlace ejerce labores esenciales de facilitación y coordinación operativa «a veces sin el conocimiento directo de la autoridad central que el Gobierno también controla».Apagón estadísticoA este escenario de opacidad se suma, según el documento, un «apagón» estadístico. La oposición denuncia desconocer el impacto real y la carga de trabajo actual de la cooperación con Suiza debido a que las estadísticas anuales de las magistraturas de enlace «no hayan vuelto a publicarse desde el año 2023». El PP concluye su ofensiva exigiendo saber si existían «decisiones, previsiones o planes incluso verbales de relevo» de la actual magistrada con anterioridad al cumplimiento de sus condiciones básicas de permanencia.Fuentes jurídicas explican que una parte relevante de la cooperación judicial se articula mediante mecanismos de comunicación y cooperación directa entre autoridades judiciales respecto a las cuales una magistratura de enlace puede desempeñar funciones esenciales de facilitación, coordinación y conocimiento operativo complementarias a las de la autoridad central. Un juez de enlace puede agilizar investigaciones, localizar activos o desbloquear peticiones de ayuda jurídica criminal de magistrados españoles Cuando un magistrado de enlace (como en el caso de España con Francia) recibe una «acreditación extendida» (para Suiza) eso significa que el magistrado reside y tiene su oficina principal en el país donde se le nombra y desde allí gestiona los asuntos relativos a extradiciones, órdenes europeas de detención o comisiones de servicio de ambos sitios. Se puede decir, añaden las citadas fuentes, que legalmente ese juez de enlace «está reconocido por las autoridades del segundo país y eso le permite cruzar la frontera o conectarse directamente con los jueces y fiscales suizos para agilizar investigaciones, localizar activos o desbloquear peticiones de ayuda jurídica criminal de magistrados españoles o llegado el caso incluso facilitando la constitución de un equipo conjunto de investigación». Sin embargo es importante aclarar que el juez de enlace no interviene en las comunicaciones entre fiscalías (entre la gala y helvética con Anticorrupción española, por ejemplo) ni en las investigaciones de la Fiscalía Europea mientras no estén judicializadas. Su rol es más bien, aclaran, de facilitador para realizar y agilizar gestiones puntuales.",
  "title": "El Gobierno releva al juez clave para perseguir delitos en Francia y Suiza, donde se destapó el caso"
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