Pablo Iglesias agita el fantasma del 'lawfare': «Define muy bien la Justicia española»

La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero , por blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra ha supuesto un cisma político para el sanchismo y sus aliados. El ex vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, no ha dudado en agitar el fantasma del 'lawfare' para sospechar sobre la investigación de la Audiencia Nacional.Pablo Iglesias ha reprochado, en un mensaje publicado en sus redes sociales, que con lo que se sabe sobre otros expresidentes del Gobierno sea Zapatero «el primer presidente imputado». El exlíder de Unidas Podemos ha sostenido que esta acusación es una muestra más que «define muy bien la historia de la Justicia española y de nuestro sistema político».El director de Canal Red TV ha hecho mención a los exdirigentes Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy porque para él resulta paradójico que habiendo existido casos políticos y judiciales anteriores a Zapatero, sea precisamente este último quien tenga que declarar ante la justicia. Noticia relacionada general No No De estrella electoral del PSOE a imputado en cuestión de días Joan GuiradoIglesias ha sugerido que los hechos imputados al exlíder socialista (blanqueo de capitales, organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental) responden a una agenda para desestabilizar al bloque de la izquierda, que llega muy debilitado tras las elecciones andaluzas habiendo cosechado su peor resultado histórico tras el encargo de Sánchez a María Jesús Montero para enfrentarse a Juanma Moreno. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto una pieza paralela después del volcado de los dispositivos de Julio Martínez Martínez, pagador de Zapatero a través de Análisis Relevante, donde figuran comunicaciones que mantenía con él. La operativa establecida hace sospechar de un engranaje creado con el objetivo de blanquear capitales.En la investigación del caso Plus Ultra, surgida a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción en 2024, por los avisos de unidades de investigación contra la corrupción de Suiza y Francia, se ha abordado, gracias al trabajo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, si hubo un «uso indebido» de los 53 millones del rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), porque se sospecha que habrían servido para pagar préstamos a otras sociedades venezolanas no ligadas a la operación para salvar a la compañía. Una presunta operativa de blanqueo en la que habrían intervenido ciudadanos de Francia, Suiza y España.