Hacienda da por cerrada la compensación del IRPF a los mutualistas pese a los 800.000 que aún la esperan

Hacienda da ya por liquidado el asunto de las compensaciones fiscales a los afiliados de las antiguas mutualidades del trabajo, decretadas por una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2023 y que a lo largo de los últimos tres ejercicios ha obligado a la Agencia Tributaria a analizar alrededor de 2,5 millones de expedientes y abonar cerca de 3.500 millones de euros en indemnizaciones a los afectados.Tres años después de la resolución judicial, que reconoció el derecho a una compensación a cientos de miles de afiliados de las antiguas mutualidades del trabajo que tuvieron que tributar en el IRPF por las aportaciones realizadas para su jubilación entre 1967 y 1978 al contrario de lo que sucedía con las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que el Supremo consideró contrario a derecho, la Agencia Tributaria asegura haber resuelto de manera total o parcial el 95% de las solicitudes presentadas que han logrado acreditar el derecho a reparación. Es importante este matiz porque hay cientos de miles de solicitudes, unas 800.000 según datos proporcionados por Hacienda al medio de información '65 y más' y confirmados por fuentes oficiales a ABC, que no se han atendido por no haber acreditado de manera suficiente el derecho a compensación.Noticia relacionada No No Hacienda dejó congeladas el 90% de las devoluciones a mutualistas con su giro para atrasar los pagos Bruno PérezFuentes jurídicas consultadas por ABC al inicio del proceso ya avanzaban que las dificultades para acreditar el derecho a reparación sería uno de los problemas con los que se toparían los afectados para lograr el reintegro de los impuestos pagados de más según el criterio de la sentencia. Constataban la dificultad objetiva de acreditar documentalmente las aportaciones realizadas 50 años atrás a mutualidades que ya no existen y mientras se trabajaba en empresas que igual ya habían desaparecido.Con todo, la avalancha de reclamaciones presentadas ha terminado desbordando los cálculos del Ministerio de Hacienda, que hace dos años estimaba una factura a pagar de unos 1.700 millones que finalmente se han ido hasta cerca de los 3.500 millones, sin contar las devoluciones anuales que Hacienda tiene que hacer a los afectados. El Ministerio incluso suspendió el proceso de pago de indemnizaciones a finales de 2024 al ver la catarata de recursos que estaba saliendo de la caja e ideó un sistema de devoluciones progresivas hasta el año 2028 al que finalmente tuvo que renunciar por la presión social y política. Fuentes de la Agencia Tributaria reconocen que la mayoría de las solicitudes que están pendientes lo están porque no han conseguido acreditar su derecho a indemnización , aunque se admite que puede haber algunos casos puntuales en que la compensación no se haya abonado porque la solicitud no se ha presentado por el canal electrónico dispuesto por la Agencia o porque se ha solicitado documentación adicional y esta se ha presentado de manera reciente.