La Sala Penal del Supremo, último bastión judicial por el que el Gobierno dará la batalla

Entre este año y el que viene, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que investiga y juzga a ministros y parlamentarios, se enfrenta a una metamorfosis forzosa que amenaza con alterar su equilibrio institucional. La jubilación de varios de sus magistrados abre un escenario de renovación que, lejos de ser un trámite de relevo natural, se perfila como una batalla de trincheras en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No es un escenario nuevo, pues esta misma Sala, la que condenó al ex fiscal general del Estado y más recientemente dejó visto para sentencia el caso Mascarillas con Ábalos como protagonista, fue objeto de un primer bloqueo con motivo de la elección de su presidencia. Aquel pulso, que se prolongó durante varios meses el pasado año, solo se resolvió cuando la candidata de Bolaños, la magistrada Ana Ferrer —de perfil progresista—, dio un paso a un lado permitiendo la elección de Andrés Martínez-Arrieta.La historia amaga con repetirse ahora, pero con un agravante: el riesgo real de que esta sala, la más sensible de la arquitectura jurídica española en plena investigación de casos de corrupción, acabe colonizada por «comisarios políticos», cuando «lo que se necesita aquí son magistrados que no cojan el teléfono a ningún ministro», comentan en el Supremo. Y es que a la plaza de Miguel Colmenero (jubilado desde abril de 2023) se suman las que dejarán este año Andrés Palomo (17 de junio), Ángel Hurtado (22 de junio) y Juan Ramón Berdugo (5 de septiembre). A su vez, en 2027 saldrán de esa sala, también con motivo de su jubilación, el propio presidente (Martínez-Arrieta) y el ex fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar. Es decir, de los 15 magistrados que conforman esta Sala de lo Penal, de mayoría conservadora, seis habrán abandonado el Supremo en el plazo de un año y medio con lo que eso implica para las dinámicas internas de un equipo que atraviesa uno de los momentos de máxima solvencia operativa bajo la batuta de Martínez-Arrieta, quien tomó posesión en septiembre de 2025. Durante el año pasado, en el que compartieron presidencia Manuel Marchena y Martínez-Arrieta, la Sala, que arrastraba una pendencia de 7.062 asuntos, resolvió 11.230 frente a los 9.327 que ingresaron. El ritmo no ha decaído en 2026 y según los datos recabados por ABC, a fecha 31 de marzo había 4.797 asuntos pendientes y se habían resuelto más de 1.000 cuestiones de competencia. Esta gestión técnica se puede ver amenazada ahora por la parálisis de los nombramientos. El epicentro del conflicto tiene nombre propio: Silvina Bacigalupo. El empeño del bloque cercano al Ejecutivo por imponer a la catedrática de Derecho Penal para cubrir la vacante del «quinto turno» dejada por Miguel Colmenero encalla cualquier posibilidad de acuerdo, como se ha vuelto a poner de manifiesto esta semana en la última reunión de los 'negociadores' celebrada en la primera planta del Consejo General del Poder Judicial. Para los vocales conservadores, el perfil de Bacigalupo es ejemplo de politización y no quieren ni oír hablar de ella. La hija de Enrique Bacigalupo —magistrado de la casa vinculado históricamente al socialismo— formó parte del 'comité de sabios' constituido por Pedro Sánchez en 2015 para que le asesorara y un año después integró el equipo que elaboró el programa electoral para los comicios de junio de 2016. A ello se suma que es cuñada de la actual vicepresidenta primera de la Comisión Europea (y ex vicepresidenta tercera del Gobierno) Teresa Ribera, casada con Mariano Bacigalupo, consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde septiembre de 2022.Está previsto que en el Pleno del 27 de mayo el CGPJ anuncie las plazas que corresponden a las inminentes jubilaciones de los magistrados Hurtado, Berdugo y Palomo La irrupción de este perfil ya provocó hace unos meses un parón en seco en un Consejo que necesita 13 votos para cualquier nombramiento del Supremo. Al estar dividido en un empate técnico de 10 a 10, la única salida que se atisba es la de esperar a que la necesidad apriete. Y esa necesidad llegará sí o sí con las jubilaciones. El grupo conservador quiere abordar las cuatro plazas (la pendiente de Colmenero y las tres que quedarán vacantes ahora) en bloque y de hecho, según ha podido saber ABC, está previsto que se anuncien en el Pleno del próximo 27 de mayo. Mientras algunas fuentes del CGPJ creen que una «negociación conjunta» puede diluir el perfil marcadamente político que el Gobierno puede introducir en la Sala gracias a sus vocales más afines, otras fuentes alertan de la necesidad de renovar plaza por plaza conforme se van produciendo esas jubilaciones porque lo contrario bloqueará el funcionamiento de una sala que necesariamente tiene que seguir pedaleando. Estas últimas fuentes recuerdan que son doce los candidatos que concurren a esta plaza de Colmenero y que entre los 'progresistas' hay otros perfiles no tan marcados como lo es el de Silvina Baciglupo y que podrían ser apoyados por el bloque conservador. Aseguran estar hartos de que los vocales del otro grupo veten sistemáticamente sus nombres y están dispuestos a dar también la batalla por el vuelco ideológico en la Sala Segunda. Así las cosas parece complicado que el asunto pueda estar resuelto antes del verano. Sobre todo porque si algo tienen claro en el grupo conservador es que «hemos venido al Consejo a defender la independencia judicial, no a entregarle la Sala Segunda al Gobierno». En este sentido acopian ya enseres para resistir, como sucedió durante el verano de 2024 con la también complicada elección de la Presidencia del Consejo, que finalmente recayó en Isabel Perelló. «Hemos venido al Consejo a defender la independencia judicial, no a entregarle la Sala Segunda al Gobierno», aseguran en el grupo conservador, dispuesto a resistir Si se examina la trayectoria de la Sala Segunda en los últimos años no es difícil entender el interés del Gobierno en ella, una vez que ya tiene de su parte al Tribunal Constitucional y a la nueva fiscal general. Además de investigar y juzgar a Ábalos, y de haber llevado al banquillo y condenado a García Ortiz, sus magistrados se mostraron tajantes con los delitos del 'procés' (no hay que olvidar la sentencia se adoptó por unanimidad), con su negativa a los indultos, y con la inaplicación de la amnistía al delito de malversación (aquí con voto particular). Tampoco les tembló el pulso para ordenar el ingreso en prisión del exministro de Transportes ni del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, con su causa ahora en la Audiencia Nacional. Ni entraron en el juego del Ejecutivo y de la Fiscalía tras intentar ambos enmendar el error que supuso la ley del solo sí es sí: la Sala dictaminó de forma casi unánime que, al haberse reducido los mínimos legales de las penas en la nueva norma, la rebaja era obligatoria por mandato constitucional si beneficiaba al preso. De cara al futuro la importancia de esta Sala tampoco va a ser menor, pues a ella llegarían los recursos que se interpongan, en su caso, contra eventuales condenas al entorno de Sánchez: la de su hermano en Badajoz; la de su mujer, en Madrid; o las de los que fueron personas de su confianza, en la Audiencia Nacional. Eso sin contar con lo que pueda salir de la causa secreta de la presunta financiación irregular del PSOE o de Zapatero en la causa del Plus Ultra.