Begoña Gómez pide su absolución y asegura que no cometió «delito alguno»

Begoña Gómez , la esposa del presidente del Gobierno, ha presentado este lunes su escrito de defensa, en el que pide que se dicte «sentencia absolutoria» en su contra asegurando que los hechos investigados por el juez Juan Carlos Peinado «no son constitutivos de delito alguno». Su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, sostiene que la conducta atribuida a la mujer de Pedro Sánchez «no reúne los elementos objetivos ni subjetivos exigidos por ninguno de los tipos penales invocados por las acusaciones», a las que acusa de «temeridad y mala fe». De hecho, pide que estas sean condenadas en costas. En su escrito de conclusiones, recogido por ABC, el letrado defiende que Begoña Gómez inició su colaboración con la Universidad Complutense en 2012, «momento en que su cónyuge no ostentaba responsabilidad pública alguna». Noticia relacionada opinion No No La Sala Penal del Supremo, último bastión judicial por el que el Gobierno dará la batalla Nati VillanuevaEvitando «conflicto de intereses»Su defensa indica que su labor académica fue desarrollada «de forma simultánea con su actividad profesional en la empresa Inmark». «En 2018, coincidiendo con el acceso de su cónyuge a la Presidencia del Gobierno, solicitó la excedencia en dicha empresa con la finalidad expresa de evitar cualquier conflicto de intereses derivado de la posición institucional de aquel», indica. Posteriormente llegó su nombramiento como directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que se produjo tras una reunión celebrada a finales de julio de 2020 en el Palacio de Moncloa, su «residencia familiar». Gómez recalca que su labor al frente de la misma «no conllevaba la percepción de retribución alguna». Además, descarta que tratarse de apropiarse indebidamente de nada relacionado con la cátedra, cuyo nombre fue «elegido personalmente» por ella misma. «Es un término que ella inventó, que antes no existía y que de ninguna manera estaba registrado por la Universidad en registro alguno», asevera su abogado. En esta línea, su representación incide en que ni Gómez «ni el resto de los investigados se han beneficiado de los fondos» destinados a la creación del software relacionado con su actividad académica. «De la misma manera, la UCM no ha sufrido perjuicio patrimonial alguno», añade. Su asistente, designación «habitual en democracia»En su escrito, su abogado también se refiere al nombramiento de Cristina Álvarez -también investigada- como asistente de Gómez, una designación «habitual en la historia de nuestra democracia desde sus inicios». Cabe recordar que el juez apunta a un delito de malversación por la presunta utilización irregular de la misma. Pero el letrado apunta a que las funciones de Álvarez «se basan en el desempeño de tareas de colaboración inmediata de carácter logístico y organizativo en el marco de atención a la esposa del presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza, comprendiendo en tales actuaciones, las de la gestión de la agenda y la preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos, la gestión y administración de las comunicaciones». «En el desempeño de sus funciones y de forma ocasional Cristina ha remitido un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales a Begoña. Los citados correos fueron siempre remitidos desde su cuenta particular. La remisión de dichos correos no ha afectado en absoluto al correcto cumplimiento de sus funciones y por ello no ha supuesto, tampoco, ningún menoscabo de recursos públicos», defiende el abogado. Por último, la defensa de Gómez se refiere al tercer investigado, el empresario Juan Carlos Barrabés, «que participó en el máster dando alguna clase en el mismo». «Barrabés no tuvo ninguna intervención ni en la génesis ni en el desarrollo de la citada Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva», concluye. «Inexistencia de base indiciaria»El exministro Camacho aprovecha su escrito para denunciar la «temeridad de las acusaciones» que, a su juicio, «se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el procedimiento puesto que ha existido una inexistencia absoluta de base indiciaria suficiente desde el inicio». «Las acusaciones sostienen su pretensión punitiva a pesar de que los elementos de prueba obrantes en la causa, valorados en su conjunto, resultan manifiestamente insuficientes para sustentar los tipos penales imputados», lamenta. Resaca electoral en Andalucía noticia Si Montero asumirá su escaño para liderar la oposición pero no asegura si por cuatro años: «Voy minuto a minuto» noticia Si Ferraz elude la derrota de Pedro Sánchez por el hundimiento del PSOE andaluz y endosa el «fracaso» al PP noticia Si Sánchez cierra, con la debacle en Andalucía, un pleno de fracasos en las urnas noticia Si Vox demuestra que su supuesto estancamiento es falso y también será decisivo en AndalucíaDesde su punto de vista, «la condena en costas a las acusaciones que han actuado con temeridad o mala fe constituye no solo una consecuencia procesal de la absolución, sino un instrumento esencial de tutela del absuelto, que ha soportado las cargas derivadas de un proceso penal a consecuencia de una acusación que carecía de fundamento suficiente».