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  "textContent": "Congreso y Senado, esta XV Legislatura, están inmersos en una contienda sin cuartel. Una guerra de guerrillas, constante, que deberá resolver el Tribunal Constitucional, al que se le acumula el trabajo. La Mesa de la Cámara Baja, con la habitual mayoría de PSOE y Sumar, y el consiguiente rechazo del PP, ha declinado revocar, como le exigía la Cámara Alta, su acuerdo para vetar dos enmiendas en la ley contra la multirreincidencia en hurtos. Atender la petición no habría tenido consecuencias prácticas porque la norma se aprobó definitivamente el 26 de marzo , pero despacharla así implica que un nuevo conflicto de atribuciones aterrice sobre el escritorio de Cándido Conde-Pumpido.En el escrito de respuesta al Senado, al que ha tenido acceso ABC, la Mesa del Congreso se parapeta tras el derecho a veto del Gobierno para fundamentar su decisión de mutilar del texto de la ley dos de las enmiendas que la Cámara Alta, legítimamente, había aprobado. La respuesta, firmada por Francina Armengol y fechada el 28 de abril, rechaza el requerimiento del Senado y defiende la actuación del órgano rector de la actividad parlamentaria en el Congreso «en virtud de lo dispuesto en el artículo 134.6 de la Constitución». «No procedía su tramitación por el Pleno», concluye.El artículo 134.6 de la Carta Magna establece: «Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación». Durante la tramitación de la ley contra la multirreincidencia en el Senado, el Ejecutivo planteó el veto de dos enmiendas del PP: una que pretendía que los inmigrantes solo puedan acceder al permiso de residencia si acreditan la ausencia de antecedentes penales —en su real decreto de regularización extraordinaria , la Moncloa admitía inicialmente una simple declaración responsable— y otra que ampliaba la plantilla de fiscales en dos años a un ratio de uno por cada cien mil habitantes.Noticia relacionada general No No El Senado reprueba a Aagesen por la gestión del apagón y piden su cese Raúl MasaEl Gobierno alegaba que las enmiendas del PP le habrían obligado a crear 491 nuevas plazas de fiscales, a razón de 53.790.400 euros al año, y cuatrocientas de policías, por unos 16.786.800 euros anuales. La Mesa del Senado desestimó ambos vetos al considerar que el Ejecutivo estaba haciendo un uso abusivo de su facultad, poner en duda ese incremento del gasto y señalar, además, que no hay unos presupuestos generales del Estado en vigor, sino que siguen prorrogados los del año 2023, que pertenecen a la anterior legislatura. No obstante, como ha sucedido con al menos otras cuatro leyes, el Gabinete de Pedro Sánchez no se dio por vencido y cuando la norma regresó al Congreso, que debe pronunciarse sobre las enmiendas aprobadas por la Cámara Alta, reclamó nuevamente que no se tramitasen las dos señaladas. Como en las anteriores ocasiones, pese a las quejas del PP y el criterio contrario del letrado mayor de la Cámara Baja, Fernando Galindo, la Mesa del Congreso se plegó a los intereses gubernamentales.Casos en el Constitucional Ley de Movilidad Sostenible Se vetaron enmiendas sobre contribución financiera del Estado para infraestructuras de recarga, la renovación de flotas y la compensación a contratistas por el transporte de bicicletas.Ley de cadena alimentaria Se extraen del texto enmiendas que proponían rebajas del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a distintos alimentos.Ley sobre Navegación Aérea Se eliminan las enmiendas para asegurar las subvenciones a las aerolíneas por los billetes de Canarias y Baleares.Ley contra la multirreincidencia El Congreso impidió debatir una enmienda que endurecía el acceso a la residencia en línea opuesta al decreto de regularización extraordinaria del Gobierno y otra para aumentar la plantilla de fiscales.El artículo 90.2 de la Constitución determina que el Congreso debe posicionarse sobre las enmiendas introducidas por el Senado, «aceptándolas o no», por mayoría simple. Un precepto constitucional que obstruye la Mesa de la Cámara Baja al extirpar del texto dos de los cambios aprobados por los senadores. El Senado, con la mayoría absoluta del PP, entiende que se están vulnerando los derechos de sus señorías, respectivamente, a plantear y pronunciarse sobre las enmiendas. El Congreso, por contra, considera que se transgrede la facultad del Gobierno para vetar modificaciones que supongan un incremento del gasto. Así que el conflicto está servido y será el Constitucional, actualmente de mayoría progresista, quien termine resolviéndolo.Crítica a Armengol «La delegada del Gobierno de Sánchez en el Congreso mutiló la ley de multirreincidencia aceptando el veto injustificado del Gobierno a dos enmiendas» Alicia García Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado«La delegada del Gobierno de Sánchez en el Congreso mutiló la ley de multirreincidencia aceptando el veto injustificado del Gobierno a dos enmiendas que pedían un aumento de policías y fiscales para luchar contra la multirreincidencia», protesta en declaraciones a ABC la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, quien tacha la respuesta de Armengol al conflicto de atribuciones de la Cámara Alta como «una burla a la democracia y un insulto a los españoles». «Señora Armengol, nos vemos en el Tribunal Constitucional», reta la senadora.En lo que va de legislatura, el Senado ha planteado un total de catorce conflictos de atribuciones contra el Gobierno y/o el Congreso. Algo que hasta ahora era absolutamente excepcional, pero que se ha convertido en un recurso más de la oposición ante un Ejecutivo en minoría que gobierna sin presupuestos y con un férreo control de la Mesa de la Cámara Baja. De esos catorce, ocho son contra Ejecutivo y Congreso por mutilar enmiendas de distintas leyes: la Ley de Movilidad Sostenible, la de cadena alimentaria, la de Navegación Aérea y la de multirreincidencia.La primera vez que se produjo un enfrentamiento por el veto de enmiendas previamente aprobadas por el Senado fue en la ley contra el desperdicio alimentario, en la que PP, ERC y Junts llegaron a pedir que se aplazase el debate de la norma hasta que se resolviese si cabía o no esa censura 'a posteriori'. El socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que presidía aquella sesión plenaria, hizo caso omiso a la literalidad del Reglamento y prosiguió con la discusión sin permitir una votación sobre una posible modificación del orden del día. La prórroga de enmiendasA este choque Senado-Congreso y Senado-Gobierno se une, además, la discrepancia de interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ampliación sistemática del plazo para registrar enmiendas. El órgano de garantías dio amparo a los diputados del PP que la legislatura pasada recurrieron las 71 prórrogas sin justificación en un proyecto de ley tramitado de urgencia y procedente de un real decreto ley. La mayoría de la Mesa, sin que se haya pronunciado el letrado mayor, interpreta que basta con motivar cada moratoria. Los populares creen que debe procederse a desbloquear las decenas de normas de la Cámara Alta y la oposición bloqueadas. Esta semana, como informó ABC, se alargó por 69ª vez el tiempo para plantear cambios en la ley para reconocer profesión de riesgo, entre otros cuerpos, a los guardias civiles. «Los españoles están pagando muy caras las prácticas antidemocráticas de Armengol», sentencia García.",
  "title": "El Congreso se refugia en el derecho a veto del Gobierno para mutilar enmiendas del Senado"
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