El Gobierno clasifica como secreto o reservado documentos sobre la regularización de inmigrantes

El Ejecutivo clasifica información relativa al proceso de regularización de inmigrantes al que el Consejo de Ministros dio luz verde en abril y al que se espera que se acojan, según cálculos gubernamentales, más de medio millón de personas extranjeras en nuestro país. A «todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución» del real decreto ley, ya en vigor, se les ha otorgado, «con carácter genérico, la clasificación de SECRETO O RESERVADO (las dos principales categorías de clasificación de los documentos del Estado)», tal y como puede desprenderse de una respuesta parlamentaria al Partido Popular, fechada a mediados de febrero, que asume el Ministerio del Interior que capitanea el socialista Fernando Grande-Marlaska suscrita a su ámbito competencial y a la que ha tenido acceso ABC. Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cartera de Elma Saiz, en cambio, alega no tener constancia alguna de los papeles solicitados.Los de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados buscaban acceso a informes jurídicos, notas técnicas, evaluaciones internas de riesgos y análisis jurídicos sobre la compatibilidad de la norma con la legislación actual vigente elaborados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y sus unidades dependientes —la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF)—, pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía.Asimismo, los populares exigían consultar las instrucciones y comunicaciones relativas a la tramitación del decreto entre los Ministerios de Interior e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y advertencias de instituciones europeas, agencias de la Unión Europa o autoridades de otros Estados miembros sobre el impacto de la misma en el espacio Schengen. Una petición de datos y documentos que le son denegados en dicha contestación, que llegó el 30 del mes pasado, ya con la ley vigente, en la que el Gobierno se acoge a que lo solicitado se encuentra afectado por la regulación en materia de secretos oficiales y, en concreto, por la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales. La nueva ley de Secretos Oficiales que quiere impulsar la Moncloa prevé 35 años más 10 de prórroga para la desclasificación automática de los documentos catalogados como «secreto»El PP, en su solicitud, apunta a que el Ejecutivo habría impulsado el real decreto de regularización extraordinaria «sin recabar previamente informes técnicos, operativos ni de Inteligencia» elaborados por las unidades especializadas de la Policía Nacional competentes en materia de extranjería, inmigración y control de fronteras. Aseguran los populares en la Cámara Baja, capitaneados por la portavoz Ester Muñoz, además, que se ha tenido conocimiento de la existencia de informes internos de carácter reservado que habrían advertido de los riesgos jurídicos y operativos. En este sentido, señalaron especialmente al control de antecedentes penales y el uso, en su lugar y como planeaba el Ejecutivo en un principio para aquellos extranjeros que no tuvieran posibilidad de probarlos, de declaraciones responsables, que hubiera podido contradecir el artículo 31.5 de la Ley de Extranjería. Finalmente, el Gobierno rectificó y los inmigrantes que no acrediten sus antecedentes no podrán regularizarse.Con todo, la diputada popular Ana Vázquez, una de las firmantes de la pregunta parlamentaria, denuncia en redes sociales lo «acojonante» que es el hecho de que la Moncloa «oculte» tanto la cifra total de personas legalizadas en España como los antecedentes penales y policiales «hasta dentro de 35 años». Se refiere Vázquez al plazo de 35 años más 10 de prórroga que establece la nueva ley de Secretos Oficiales que quiere impulsar Pedro Sánchez para la desclasificación automática de documentos catalogados como «secreto» y que sustituirá a la normativa de 1968 en la que no se dan plazos para levantar el secreto.