El Tribunal de Cuentas revela que el Gobierno destinó 2.389 millones de fondos europeos para pagar las pensiones

Maniatado por la falta de créditos suficientes en los presupuestos prorrogados para atender los compromisos adquiridos, el Ministerio de Hacienda tuvo que tirar en 2024 de los recursos sobrantes de los fondos europeos del Plan de Recuperación para pagar una parte de la factura de las pensiones, según ha denunciado el Tribunal de Cuentas en su informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024.En concreto, Hacienda autorizó el 6 de noviembre de 2024 una ampliación de crédito por 1.722,1 millones de euros y unos días después, el 19 de noviembre, una transferencia de crédito de 667,3 millones de euros (2.389,4 millones en total) para atender compromisos de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social ante la insuficiencia de los recursos incluidos en la prórroga de los Presupuestos de 2023 para atender esos compromisos. Todos esos recursos se sacaron de la llamada sección 50, el compartimento especial de los Presupuestos donde se consignan desde el año 2021 los recursos recibidos de la Comisión Europea para financiar los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que sobre el papel solo podía utilizarse para atender gastos asociados a ese plan.La excepcionalidad de la maniobra es puesta de manifiesto en el informe del Tribunal de Cuentas, que recuerda que no se ajusta al marco regulatorio establecido por el propio Gobierno en el Real Decreto-Ley que reguló la ejecución de los fondos europeos y en la Ley de Presupuestos de 2023 en las que se estipulaba de manera explícita que “los créditos dotados en el servicio 50 'Mecanismo de Recuperación y Resiliencia' de cada sección […] solo podrán ejecutarse con la finalidad de financiar actuaciones que resulten elegibles" dentro de ese mismo ámbito. Sin embargo, el hecho no se ha incluido como salvedad en la fiscalización del Tribunal de Cuentas -que es la vía ordinaria para poner en cuestión la información proporcionada por el Gobierno-, que ha preferido atender a la alegación del Gobierno en la que se justifica este apaño presupuestario por la existencia de créditos sobrantes de los fondos europeos que no se iban a utilizar, y que por tanto no ponían en riesgo el cumplimiento de los objetivos acordados con la Comisión Europea, y por la naturaleza "ineludible" de los gastos atendidos, que se referían al pago de los complementos de mínimos de las pensiones y el pago de las pensiones de funcionarios jubilados.