El Gobierno aprueba que los niños sean escuchados por los jueces sin importar la edad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (más conocida como LOPIVI). Esta norma obtuvo luz verde en 2021 con Ione Belarra, líder de Podemos, entonces ministra del ramo. El Ministerio de Juventud e Infancia encabezado por Sira Rego impulsa ahora una reforma para introducir la escucha judicial a menores de 12 años, medida que negocia con el PSOE desde que asumió la cartera. A pesar de que todavía debe aprobarse en segunda vuelta, Juventud e Infancia ha logrado un acuerdo con el ala socialista del Gobierno para establecer la obligatoriedad de contar con el testimonio de los niños y adolescentes en los procedimientos judiciales y administrativos que les afecten, independientemente de su edad. El objetivo es eliminar la actual edad mínima de 12 años. No obstante, insisten fuentes del ministerio, la escucha sería adaptada a la edad, en presencia de la persona que el menor elija, con profesionales especializados en su atención y del sexo con el que se sientan más cómodos. «Durante años se ha dudado de la palabra de niños, niñas y adolescentes, y se ha criminalizado a las madres protectoras», ha expresado Rego en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. La ampliación de la LOPIVI, ha dicho la ministra, «refuerza el interés superior del menor» y que obligará a justificar de forma expresa cada decisión decisión que se tome protege el bienestar físico, emocional y psicológico de niños. «Estar con un agresor o presunto agresor no puede considerarse interés superior del menor —ha apuntalado la ministra—. Un maltratador no es un buen padre». Noticia relacionada No No El Gobierno quiere prohibir a los menores torear o asistir a espectáculos taurinos Gregoria CaroEl acuerdo del Consejo de Ministros en primera vuelta es un paso más cerca del compromiso que la ministra Rego anunció en verano, cuando se reunió con Juana Rivas y su hijo y pidió al juez que escuchara al menor, que, siempre según el entorno de la madre, decía que no quería regresar con su padre a Italia. Pero el planteamiento no es solo para casos de violencia de género en los que se escuche a los hijos de las mujeres agredidas, añaden desde el equipo de Rego, aunque la demanda nació de estas situaciones, sino también para delitos sexuales a menores y de cualquier tipo donde estos sean víctimas directas.Además, como ya informó este diario anteriormente, Juventud e Infancia quiere que estos especialistas tengan formación obligatoria en trato con menores, un requisito que actualmente no es exigido por la ley vigente, y se exigirá no tener antecedentes por delitos a la infancia y la adolescencia.La reforma de la LOPIVI también incluye la prohibición expresa del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) al considerar que no tiene ninguna base científica. Así, no podrán usarse informes basados en él en procedimientos judiciales o administrativos. Y las resoluciones que lo utilicen podrán ser impugnadas. «Se acabó la utilización de una herramienta que ha servido para desacreditar y criminalizar a las madres protectoras y a las infancias», ha expresado la ministra Rego.