Armengol amenaza con echar un mes al diputado de Vox del altercado

Ni el Gobierno ni el PSOE quieren dejar pasar el incidente que ocurrió en el pleno de la Cámara Baja el martes pasado cuando el diputado de Vox José María Sánchez fue expulsado de la sesión por encararse con el vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien en ese momento ejercía la presidencia en el hemiciclo y le había llamado ya dos veces al orden. La tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, ha llevado en mano una propuesta a la Mesa, órgano rector de la actividad parlamentaria, para condenar «en los más absolutos términos» la actitud de su señoría.El objetivo de Armengol, según fuentes de su entorno, es lanzar un mensaje claro: que esas conductas «no van a ser toleradas». Por ello, la presidenta del Congreso propondrá tanto a la Mesa, donde la mayoría de PSOE y Sumar garantizan el éxito de su iniciativa, como a la Junta de Portavoces, que se reunirá a mediodía, que si el diputado de Vox reincide en su actitud, le será aplicada «la máxima sanción posible». Esto es, con el Reglamento de la Cámara Baja en la mano, el artículo 106, que prevé la suspensión durante un mes de cualquier miembro de la institución que «promoviere desorden grave con su conducta de obra o de palabra».El martes pasado, durante un debate sobre el 'bibliocausto', la quema de libros en regímenes dictatoriales, Sánchez se enzarzó en una discusión con el diputado de ERC Jordi Salvador. Los dos debatían desde su escaño pese a que ninguno tenía la palabra. Según el parlamentario de Vox, el republicano lo tachó de «criminal» y «asesino». Desde el partido de Oriol Junqueras niegan que los hechos sucediesen así, pero tampoco ofrecen su propia versión. En cualquier caso, Sánchez protestó airadamente y Gómez de Celis le llamó al orden por interrumpir la sesión y no le concedió turno alguno. No conforme, el parlamentario se encaró con una letrada a la que reclamó amparo ante los supuestos insultos de su homólogo independentista y, después, llegó a subir a la tribuna presidencial para arremeter contra Gómez de Celis reclamándole que interviniese a escasos centímetros.Noticia relacionada general No No Roce en el Congreso El PSOE compara el incidente de un diputado de Vox con el 23-F P. RomeroGómez de Celis aplicó el artículo 104 del Reglamento, que establece que si un diputado es llamado tres veces al orden, además de retirársele la palabra, podrá ser expulsado de esa sesión. Así fue y Sánchez se marchó directo a protestar al despacho de Armengol. Al día siguiente, antes del control al Gobierno, tanto Gómez de Celis, que aseguró haber temido una posible agresión física, como el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, compararon lo ocurrido con el golpe de Estado del 23-F. El PSOE intentó sin éxito aprobar una declaración institucional —es necesaria la unanimidad de la Cámara Baja— de repulsa a la actitud del diputado derechista, pero el PP, Vox y UPN se opusieron. En el caso de los populares, porque los socialistas no aceptaron enmiendas que hacían extensible la crítica al resto de grupos parlamentarios.Calla sobre la petición de dimisión del PP La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha guardado silencio este martes, a su llegada a la reunión de la Mesa, cuando los periodistas le han preguntado por la petición de dimisión del PP. Los populares consideran que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por el caso Mascarillas demuestra que Armengol, en su etapa de presidenta autonómica, fue la puerta de entrada de la trama corrupta en Baleares.Siete días después del episodio, Armengol traslada el sentir de que los ataques al Parlamento, al Reglamento y a su Presidencia «no son casuales». Por ello, invita a sus señorías a una «profunda reflexión» sobre los cauces por los que está discurriendo el parlamentarismo. Asimismo, la presidenta del Congreso también pedirá a los grupos parlamentarios que planteen una reforma reglamentaria que permita «mejorar» la respuesta ante este tipo de comportamientos.