Un vocal del CGPJ impugna el proceso para la elección del juez español en Europa

Nuevo revés para las pretensiones del Ejecutivo en su intento de controlar los tiempos y las formas de la Justicia, esta vez con proyección internacional. Según confirman fuentes jurídicas a este diario, uno de los candidatos que aspiraba a integrar la terna para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha decidido plantar cara e impugnar formalmente ante la Audiencia Nacional las bases y el procedimiento de selección diseñado por el Gobierno. Se trata del vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Hugo Preciado, juez de profesión y propuesto por Sumar en la última renovación del órgano de gobierno de los jueces, la que tuvo lugar en junio de 2024. Preciado forma parte de la treintena de juristas que aspira a suceder en Estrasburgo a la española María Elósegui, cuyo mandato vence en 2027.El motivo de la impugnación es la falta de transparencia en las reglas del juego y la discrecionalidad del Gobierno en el diseño del tribunal que tiene que evaluar a los aspirantes porque su composición contraviene las recomendaciones europeas sobre la mínima injerencia política en el proceso. En contacto con el vocal, éste no ha querido hacer declaraciones. Noticia relacionada general No No Juristas amenazan con llevar a Europa la «injerencia» del Gobierno en la elección del juez español al TEDH Nati VillanuevaABC ya denunció que el comité de selección carece de perfiles independientes y está en clara sintonía ideológica con el Ministerio de la Presidencia y de Justicia, lo que atenta directamente contra la independencia judicial y contra los requisitos de neutralidad que exige el Consejo de Europa. «No se está buscando al mejor jurista para defender el pabellón español en Estrasburgo, sino al perfil que menos problemas pueda dar a la estrategia jurídica del Gobierno en Europa», señalaron fuentes conocedoras del proceso a este diario.El movimiento de este candidato pone al Gobierno en una situación comprometida, pues no es la primera vez que la Asamblea Parlamentaria de este organismo ha devuelto ternas a otros países cuando ha detectado que el proceso de selección nacional estaba viciado. Todo esto se produce la misma semana en la que Bolaños ha arremetido contra el juez que instruye el caso Gegoña Gómez tras su decisión de procesar a la mujer del presidente del Gobierno por delitos de corrupción.Como informó este diario, el comité de selección diseñado por el Ejecutivo en forma de real decreto en plena pandemia estará presidido por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Diego Martínez Belío; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el subsecretario de la Presidencia, Alberto Herrera y dos juristas: la vocal del CGPJ Gema Espinosa y otra elegida por el Ministerio de la Presidencia, Paz Andrés Sáenz de Santa María, consejera permanente del Consejo de Estado y según distintas fuentes, de la máxima confianza de Bolaños. Salvo en el caso de Espinosa, la influencia del Ejecutivo en esta composición parece clara.Como adelantó este diario, la intención del Gobierno sería situar entre los tres candidatos al catedrático de Derecho Constitucional Rafael Bustos Gisbert, actualmente miembro titular por España en la Comisión de Venecia, también del Consejo de Europa. Académica y doctrinalmente, Bustos es cercano al exmagistrado del Tribunal Constitucional Luis López Guerra, que fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y secretario de Estado de Justicia con el PSOE. Durante su etapa en Estrasburgo, López Guerra participó en el tribunal que dictó la sentencia que anuló la llamada doctrina Parot, lo que permitió la excarcelación anticipada de decenas de condenados por terrorismo de ETA.El pasado 26 de marzo, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), exigió al Gobierno que dé marcha atrás en la composición del comité de selección al entender que atenta contra la independencia judicial. Lo hizo en un comunicado en el que denunciaba que el actual sistema de elección está diseñado para asegurar el control gubernamental sobre la terna de candidatos. Según advertía la PCIJ, el hecho de que ese comité esté integrado por los secretarios de Estado de Exteriores, Justicia y Presidencia y frente a este despliegue haya solo un vocal propuesto por el CGPJ «no es solo una cuestión estética, sino una violación directa de los estándares internacionales». En este sentido recordaba que tanto las Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 2012 como el más reciente Memorándum de la Asamblea Parlamentaria de 2025 exigen un órgano de selección «equilibrado, transparente e independiente» del poder político.La asociación sostiene que permitir que el Gobierno configure una terna con perfiles «afines» daña gravemente la imagen de España y vulnera el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un tribunal independiente e imparcial. «Este método genera una imagen de politización que daña gravemente la credibilidad de España ante las instituciones europeas», rezaba el comunicado. Ante este escenario, la Plataforma exigía una «reforma inmediata» para que el comité de selección sea integrado mayoritariamente por jueces y académicos elegidos bajo criterios de mérito y capacidad. Además, solicitan la publicación íntegra de los currículos de los candidatos y la celebración de audiencias públicas obligatorias antes de decidir los nombres que viajarán a Estrasburgo.