Competencia abre una batería de expedientes por el apagón tras detectar «indicios» de infracción

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto varios expedientes sancionadores contra empresas -sin especificar cuáles- en relación al apagón del pasado 28 de abril, tras haber detectado lo que califica como «diversos indicios de incumplimiento» por parte de dichas compañías; de nuevo, sin aclarar por el momento cuáles son esos incumplimientos. Así lo ha explicado hoy el organismo que preside Cani Fernández, que con esta decisión pone fin a la primera fase de su investigación y abre un proceso de pesquisas formal que podría derivar en sanciones administrativas. Concretamente, la CNMC asegura que ha detectado diversos «indicios de incumplimiento», algunos de los cuales habrían persistido «durante periodos prolongados de tiempo», y que «habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas» ; es decir, que esas prácticas podrían ser una de las razones de que nuestro país se quedara sin luz durante todo un día. Ahora bien, lo que Competencia ha dejado muy claro es que esto no implica que la responsabilidad vaya a recaer únicamente en las empresas, pues matiza que los hechos objeto de los procedimientos que hoy hace públicos «no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas». Y añade, a continuación, que el incidente tuvo un origen «multifactorial» , debido a una sucesión de sucesos que «desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión». Noticia relacionada general No No Nuevos audios corroboran los avisos a Red Eléctrica meses antes del apagón: «Nos la vamos a dar» José María CamareroOtro matiz importante es que la incoación de estos expedientes «no prejuzga el resultado final de la investigación» , añade la CNMC. Sea como fuere, el caso es que se abre un período que podría durar entre nueve y dieciocho meses en función de la gravedad de cada infracción investigada, y en el que las compañías bajo la lupa podrán formular alegaciones e incluso proponer la práctica de las pruebas que estimen procedentes.