El Gobierno eleva a la Justicia la extinción de la Fundación Franco

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció este martes que, casi dos años después de iniciar el procedimiento para la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) , ha firmado la resolución que permitirá a la Abogacía del Estado elevar la causa a la Justicia. «Los informes que componen el expediente incluyen en análisis de los contenidos de la web de la fundación, dictámenes jurídicos y testimonios de víctimas del franquismo. Todos coinciden en que la fundación no cumple fines de interés general y, de forma añadida, también desarrolla actividades y difunde mensajes que suponen menosprecio y humillación a las víctimas, vulnerando directamente su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación», dijo Urtasun.El ministro y portavoz de Sumar, que hizo coincidir el anuncio con el día que se conmemora la proclamación de la Segunda República, defendió que su departamento ha elaborado un expediente «sólido, riguroso y bien fundamentado jurídicamente». «Hemos solicitado informes independientes, hemos analizado su actividad pública durante años y hemos dado dos periodos en el trámite de alegaciones. En este proceso han participado el Ministerio de Memoria Democrática, la Abogacía del Estado y expertos independientes, incluido un catedrático de Derecho Constitucional. La fundación no merece la protección que le otorga la legislación».Una vez que el Ministerio de Cultura pone fin al procedimiento administrativo, ahora queda elevar el caso a la autoridad judicial, en este caso un juzgado de primera instancia . «La petición de elevación es inminente. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Por lo tanto, ahora le corresponde a la Justicia. Nosotros desearíamos que fuera lo más rápido posible», afirmó Urtasun. «En una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura. Hoy el Gobierno de España lanza un mensaje importante: que en España la democracia se defiende también en el terreno de la memoria».Noticia relacionada general No No Entre ecce homos y Page: la semana apóstata de Urtasun Jaime G. MoraEste procedimiento comenzó en junio de 2024 , cuando el Ministerio de Cultura abrió el periodo de actuaciones previas para recabar información sobre las actividades de la FNFF. El encargo recayó sobre el Registro de Fundaciones y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que un año después emitieron informes que acusaban a la fundación de hacer apología del franquismo, humillar a las víctimas y no perseguir fines de interés general. La apertura del procedimiento como tal se produjo en octubre del año pasado.«Menosprecio y humillación»En uno de los informes aportados al expediente, la secretaria de Estado de Memoria Democrática considera que la web oficia de la FNFF «se articula principalmente a través de comunicados institucionales, que en un alto porcentaje homenajean tanto a la familia Franco como a símbolos del régimen». El Gobierno advierte igualmente «menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas por la vía del negacionismo de la represión en materias extremadamente sensibles como la toma de Badajoz por los rebeldes, la destrucción de Guernica, los niños robados, la construcción del Valle de Cuelgamuros y, en general, toda la política represiva de la dictadura». Se acusa a la fundación de «ridiculizar y deslegitimar a las víctimas de la represión franquista, articulándolo a través de un lenguaje agresivo, negacionismo y traslaciones de culpa».La FNFF, por su parte, no niega que haga apología del franquismo –«es un imperativo moral del que esta fundación se honra»–, pero sí descarta que humille a las víctimas: «No hay la más mínima prueba directa que permita acreditar dicha humillación o incitación al odio». Durante los casi dos años que han pasado desde que se iniciara el expediente, el Ministerio de Cultura ha ido rechazando todas las alegaciones presentadas por la fundación. La FNFF ha denunciado la «extraordinaria celeridad» de las maniobras gubernamentales y acusa al departamento que dirige Urtasun de haber reducido el expediente administrativo a un trámite formal: «La decisión de promover la extinción judicial habría estado previamente decidida». La decisión de promover la extinción judicial habría estado previamente decidida», denuncia la fundaciónLa ley de Memoria Democrática de 2022 introdujo una causa específica de extinción para fundaciones que realicen apología del franquismo con menosprecio a las víctimas. Pero el Gobierno no tiene capacidad de disolver las fundaciones por decreto. Una vez abierto el expediente, recibidos los estudios pertinentes y, previo informe favorable de la Abogacía del Estado, se debe elevar el caso a la Justicia, quien tiene la última palabra. «El Gobierno considera que concurren de manera fehaciente las causas legales para su extinción, y lo decimos con claridad», señaló Urtasun este martes.En paralelo, el Ministerio de Cultura pretende ilegalizar cuatro fundaciones más : la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano. Urtasun anunció en noviembre la apertura de las actuaciones previas contra estas fundaciones al entender que están vinculadas al franquismo. El procedimiento que seguirá contra estas fundaciones será el mismo que el que se ha llevado a cabo contra la Fundación Franco. Cultura trabaja además en la reclamación de los casi 30.000 documentos del archivo en posesión de la FNFF. «Tenemos un informe que acredita que esos documentos, que tenemos digitalizados, son de dominio público y pertenecen a la Administración», afirmó Urtasun. Ese informe confluye que el fondo documental procede del despacho y dependencias privadas de Franco, que la documentación fue producida por la Casa Civil del jefe del Estado en su mayoría. Según el Gobierno, que estos documentos fueran consecuencia de las funciones públicas que desempeñó Franco le otorgan la condición de carácter público. El Ministerio de Cultura ha instruido a la Abogacía del Estado para que haga la correspondiente reclamación judicial.