La Comunidad de Madrid cambia los requisitos para los avales hipotecarios del programa 'Mi primera vivienda'

La Comunidad de Madrid ultima una reforma del programa 'Mi primera vivienda' que ampliará de forma sustancial el acceso a los avales públicos para la compra de vivienda, con cambios que van más allá de los anunciados inicialmente y que buscan adaptarse a un mercado cada vez más complejo para los potenciales compradores.El principal cambio previsto es la eliminación del límite de edad para las familias con hijos menores de edad : ahora podrán solicitar estas garantías sin restricción alguna. Hasta ahora, el programa había estado enfocado sobre todo en los jóvenes, con un umbral que se ha ido elevando progresivamente desde los 35 hasta los 50 años. Ahora, el nuevo texto rompe ese marco y abre la puerta a todos los hogares con menores a cargo, con independencia de la edad de los solicitantes.La medida responde a una realidad cada vez más extendida: familias con cierta estabilidad económica que, pese a ello, no logran reunir el ahorro necesario para afrontar la entrada de una hipoteca en un contexto de precios cada vez más elevados. En esa misma línea, el borrador incorpora también a quienes trabajan en la región pero no residen en ella, siempre que puedan acreditar al menos dos años de antigüedad en un centro de trabajo situado en territorio madrileño.Noticia relacionada general No No Ayuso recurrirá el decreto que extiende la atención sanitaria a todos los inmigrantes irregulares Mariano CallejaQué es el programa 'Mi primera vivienda'El programa, en marcha desde 2022, se articula mediante avales públicos que permiten incrementar la financiación bancaria. En condiciones normales, las entidades conceden hipotecas de hasta el 80% del valor del inmueble, lo que obliga a disponer de un ahorro previo considerable. Con este sistema, la Comunidad cubre ese porcentaje adicional y, en determinados casos, la financiación puede alcanzar el 100% del precio de la vivienda .La reforma mantiene la obligación de conservar la vivienda durante al menos cinco años, salvo autorización expresa, y fija que, en caso de venta anticipada, el precio no podrá superar el de adquisición actualizado conforme al IPC. En conjunto, el rediseño del programa trata de acompasar la política pública a un mercado inmobiliario tensionado, en el que el acceso a la vivienda se retrasa y el ahorro previo se ha convertido en la principal barrera de entrada.