Madrid avisa al Gobierno: no permitirá la llegada de nuevos menas sin cobertura legal

La política migratoria vuelve a enfrentar a la Comunidad de Madrid con el Gobierno de Sánchez. En una carta enviada al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la consejera de Asuntos Sociales madrileña, Ana Dávila, critica las decisiones unilaterales del Ejecutivo nacional y le envía una advertencia: no permitirá nuevos traslados de menores no acompañados (menas) sin cobertura legal, por lo que se reserva las acciones que correspondan para impedirlo. «La situación de emergencia migratoria que han sufrido, de manera tan extraordinaria como injusta, Canarias, Ceuta y Melilla, así como Baleares, Andalucía, Murcia, Valencia y, por supuesto, la Comunidad de Madrid, no puede entenderse sin señalar a quien ostenta, y no ha ejercido, las competencias en materia de política exterior, control de fronteras e inmigración: el Gobierno de España», afirma la consejera en su carta. Entre las críticas al Gobierno de Sánchez, la consejera de Ayuso señala que mientras las comunidades autónomas han movilizado todos sus recursos para atender situaciones personales dramáticas, sostener sistemas de protección al límite y frenar la actuación de las mafias, el Gobierno «ha pasado del silencio y la inacción a la imposición». «Ha sustituido la cooperación por decisiones unilaterales que han puesto en riesgo nuestras capacidades, invadido nuestras competencias y generado un efecto llamada difícil de revertir».Noticia relacionada general No No Vox presiona a Ayuso para combatir el «turismo sanitario» e imponer la prioridad nacional Mariano CallejaEn concreto, la consejera denuncia la política de traslados de menores por parte del Ejecutivo, que ha ignorado, a su juicio, la coordinación con las entidades públicas de protección, la valoración individualizada de cada menor y, «lo que es más preocupante», su propia voluntad y su situación familiar.«Se ha llegado a separar a grupos de hermanos y a trasladar a Madrid a menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades de España. Incluso se ha hecho con jóvenes que contaban con trabajo y una familia de referencia en su lugar de origen y que estaban a punto de alcanzar la mayoría de edad, abocándolos a una situación de vulnerabilidad, cuando no de auténtica marginalidad».Dávila acusa al Gobierno de actuar sin solidaridad y de cumplir con sus obligaciones solo cuando se lo ha exigido un tribunal. Frente a ellos, defiende que la Comunidad de Madrid ha cumplido «escrupulosamente con la legalidad y con sus obligaciones».Por eso, advierte de que la Comunidad «no puede ni va a asumir actuaciones que carezcan de amparo normativo». «Cualquier intento de promover nuevos traslados o reubicaciones al margen de los procedimientos previstos en los protocolos vigentes supondrá una actuación contraria a derecho».La consejera insta al Gobierno a cesar «en el intento de impulsar cualquier iniciativa que pretenda mantener este sistema extraordinario fuera del marco legal». Y avisa: «De no ser así, la Comunidad de Madrid ejercerá todas las acciones legales que sean necesarias en defensa de sus competencias y de la legalidad vigente».