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  "textContent": "La Iglesia española y el Gobierno han cerrado este lunes el protocolo que regula el reconocimiento y la reparación de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito eclesial cuyos casos ya no pueden ser juzgados por la vía penal, por haber prescrito o muerto el vicitimario. Un acuerdo largamente negociado –y no exento de tensiones en las últimas semanas– que desarrolla el compromiso firmado el pasado 8 de enero y que permitirá canalizar estas reclamaciones a través de la oficina del Defensor del Pueblo, sin desactivar el sistema propio de la Iglesia, el denominado Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA).La firma, rubricada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, llega después de un pulso soterrado entre el Ejecutivo y los obispos sobre el alcance y la naturaleza del sistema.El nuevo protocolo establece una doble vía de acceso para las víctimas: la ya existente a través del PRIVA –independiente pero creada por la Iglesia– y una alternativa mediante la oficina del Defensor del Pueblo, pensada especialmente para quienes no deseen acudir directamente a la institución eclesial. A partir de la entrada de funcionamiento del nuevo sistema, las víctimas tendrán que elegir entre una u otra fórmula, como deja claro el documento firmado: «Quien presente una solicitud de reparación ante el PRIVA, no podrá acudir al procedimiento establecido en el presente Protocolo y viceversa». Los que sí podrán acudir a la oficina ahora creada serán las más de un centenar de víctimas que, hasta ahora, han acudido al sistema organizado por la Iglesia. De esta forma, la entidad podrá revisar tanto el proceso como las indemnizaciones asumidas, e incluso podría corregirlas. Noticia relacionada No No Pacto con el Gobierno La Iglesia ya ha pagado 1,8 millones a víctimas de abusos pero Bolaños afirma que «no tenían nada» José Ramón Navarro-ParejaEl mecanismo diseñado prevé que el Ministerio de la Presidencia cree una Unidad de Tramitación que recibirá las solicitudes y coordinará el proceso administrativo. Será el Defensor del Pueblo quien, a través de una Unidad de Víctimas formada por expertos independientes, evalúe cada caso y formule una propuesta de reconocimiento y reparación en un plazo máximo de tres meses. Esa propuesta deberá contar con un informe preceptivo de la comisión asesora del PRIVA –el órgano independiente creado por la Iglesia en 2024 y que comenzó a examinar casos en febrero de 2025–. En caso de discrepancia, una comisión mixta tratará de alcanzar un acuerdo. Si no lo hubiera, la decisión final corresponderá al Defensor del Pueblo, previa consulta al presidente de la Conferencia Episcopal o de la CONFER, según sea el origen del victimario.Sin baremo económicoEl sistema contempla distintas modalidades de reparación: desde el reconocimiento institucional o los gestos simbólicos hasta la compensación económica, que tendrá en cuenta la gravedad del abuso, el daño causado y las posibles indemnizaciones ya percibidas. Estas cuantías, además, quedarán exentas de tributación en el IRPF, una de las condiciones incorporadas al acuerdo en enero tras meses de negociación y que ahora depende de que el Gobierno apruebe «una norma de rango de ley, en la que estamos trabajando», según ha reconocido el ministro Bolaños.Lo que no recoge el documento es un baremo sobre las indemnizaciones que podrán recibir las personas abusadas que se acojan al sistema, una de las reclamaciones que habían hecho algunas asociaciones de víctimas en las últimas fechas. Gabilondo ha explicado que su objetivo será escuchar a las víctimas «y después de haberles escuchado, haremos una valoración y a partir de ella, una propuesta». Por su parte, el ministro también ha justificado esta ausencia de baremos desde la misma perspectiva. «Siempre he trasladado a las víctimas que un umbral mínimo y máximo no es una buena noticia para ellos»; ha reconocido. «Cada caso se va a estudiar en detalle y en profundidad por los expertos, tanto del Defensor del Pueblo como de la unidad PRIVA de la Iglesia católica y cada caso es diferente», ha comentado Bolaños. El criterio coincide con el que ha defendido la Iglesia desde el inicio de todo el proceso, de evitar los grandes números e ir «rostro a rostro», como ha recordado Luís Argüello en su comparecencia ante la prensa. Es por eso que «hemos querido excluir del texto baremos y cantidades económicas», ha añadido.«Cada caso se va a estudiar en detalle y en profundidad por los expertos, tanto del Defensor del Pueblo como de la unidad PRIVA de la Iglesia católica y cada caso es diferente» Félix BolañosLa rúbrica del protocolo llega después de semanas de negociaciones tensas, marcadas por las prisas del Ejecutivo. Como adelantó ABC, el ministro Bolaños pretendía cerrar el acuerdo antes de su viaje al Vaticano acompañando a los Reyes, para poder presentarlo como un logro político ante el Papa León XIV. Para ello, recurrió a filtraciones a medios afines con el objetivo de dar por hecho un pacto que todavía no estaba cerrado y presionar así a los obispos.La estrategia no surtió efecto inmediato. La reunión clave entre ambas partes concluyó sin acuerdo, con discrepancias relevantes sobre cuestiones de fondo. Entre ellas, el intento del Gobierno de presentar el sistema como un mecanismo alternativo –y no complementario– al PRIVA, lo que habría permitido revisar indemnizaciones ya concedidas por la Iglesia.También generó fricción la pretensión del ministerio de ampliar el ámbito de aplicación a cualquier víctima, con independencia de la edad en el momento del abuso, mientras que el modelo eclesial se centra en menores o personas equiparables en derecho. Es en este punto en el que se habían producido acercamientos, aunque el acuerdo final deja claro que sólo podrán acudir «aquellas personas que en el momento de producirse los hechos fueran menores de edad o se encontrasen en una situación equiparable». Desde el 15 de abrilEl convenio establece que el sistema comience a funcionar el 15 de abril y establece una vigencia de un año desde esa fecha, prorrogable por un año más si todas las partes están de acuerdo. Ese plazo limitado, y el hecho de que no se hayan habilitado un gran número de equipos de trabajo para asumir las solicitudes hace presumir que las autoridades públicas no prevén el aluvión de reclamaciones algunas asociaciones de víctimas pronosticaron.Por contra, la nueva situación podría ser muy similar a la del plan PRIVA en el último año. Desde que comenzó a atender casos en febrero de 2025, la comisión ha recibido ya 131 solicitudes, tras sumar 23 nuevas peticiones en los últimos meses. De ellas, se han emitido 83 dictámenes favorables de indemnización –frente a los 61 que había a comienzos de año–. Esto se traduce en unos 2,5 millones de euros abonados por diócesis y congregaciones religiosas, con una indemnización media que ronda los 30.000 euros por caso, en línea con los baremos fijados desde el inicio del sistema. Las compensaciones oscilan entre los 3.000 y los 100.000 euros, e incluyen también cobertura de tratamientos psicológicos y medidas de reparación simbólica.Desde la Conferencia Episcopal insisten en que este modelo ha permitido dar respuesta ágil a las víctimas fuera de la vía judicial, con criterios homogéneos y una media de indemnización superior a la que fijan habitualmente los tribunales.El protocolo firmado este lunes tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable a otro más, y está dirigido exclusivamente a aquellos casos que no pueden ser juzgados por la vía penal, bien por la prescripción del delito o por el fallecimiento del agresor. Está previsto que el sistema entre en funcionamiento el próximo 15 de abril.Tanto el Gobierno como la Iglesia subrayan que se trata de un mecanismo basado en el acuerdo entre las partes y no en la imposición de una obligación jurídica. Un matiz clave para los obispos, que han defendido durante toda la negociación el carácter moral –y no coercitivo– de su compromiso con las víctimas.",
  "title": "La Iglesia y el Gobierno sellan el protocolo para indemnizar a víctimas sin incluir baremos"
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