Colofón a la ley de multirreincidencia: hasta tres años de prisión por robar móviles

Después de casi dos años de bloqueo, el Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves definitivamente, tras su paso por el Senado, la ley contra la multirreincidencia en hurtos que impulsó Junts per Catalunya en 2024. A pesar de la amplia mayoría que ha respaldado la iniciativa, el verde de los escaños parecía gris durante un debate marcado por el veto de la Mesa de la Cámara Baja, a instancias del Gobierno, de dos de las enmiendas que aprobó soberanamente la Cámara Alta para endurecer la regularización extraordinaria de inmigrantes que ultima el Ejecutivo y para ampliar el número de fiscales. La norma es ya una realidad y, entre otras cosas, permitirá penas de hasta tres años de prisión por el robo de móviles.El objetivo de la ley es endurecer el castigo contemplado en el Código Penal a quienes hagan de los delitos leves de hurto y estafa su forma de vida. Hasta ahora, la acumulación de tres de estas infracciones suponía una pena de seis a dieciocho meses de cárcel si se superaban, en el montante acumulado, los cuatrocientos euros. Pero desde la entrada en vigor de esta norma, se impondrá esa horquilla de prisión incluso si no se alcanza esa cifra. Además, en las penas agravadas, que se traducen en de uno a tres años de privación de libertad, se incorporan la concatenación de tres delitos «menos graves o graves» y la sustracción de dispositivos móviles —teléfonos, tabletas y ordenadores— que contengan datos personales.También se persigue el denominado 'petaqueo', que es la práctica de almacenar o transportar combustible para lanchas dedicadas al narcotráfico. Este jueves se debatían las enmiendas aprobadas por el Senado, de las que se han incorporado tres al texto: dos del PP y una del PSOE. Uno de los cambios de los populares, precisamente, eleva las penas previstas al 'petaqueo', pasando a ser de tres a cinco años de cárcel en vez de la horquilla que estableció inicialmente el Congreso, de uno a cinco. El otro hace que la ley entre en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y no veinte después. Noticia relacionada general No No Escudo social El PP se abstendrá en la votación del decreto anticrisis por la guerra de Irán Patricia RomeroLa modificación que lograron introducir los socialistas en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y que también ha secundado la Cámara Baja, introduce penas de prisión de seis a dieciocho meses o multa de doce a veinticuatro meses en los casos de fraude eléctrico siempre que esa energía se utilice para el cultivo, la elaboración o el tráfico de drogas. No han corrido la misma suerte una enmienda del PP que proponía cambiar el nombre de la norma para modificar también la ley de extranjería —al vetarse el endurecimiento del acceso a la residencia, perdía sentido— ni la propuesta de Vox para que en seis meses el Gobierno estuviese obligado a suscribir acuerdos para que los delincuentes reincidentes extranjeros expulsados del territorio nacional cumplan sus penas en el país de origen.Choque de derechosEl martes, la Mesa del Congreso , controlada por PSOE y Sumar, se plegó a la petición del Gobierno de extraer del texto dos de las enmiendas aprobadas por el Senado: una que obligaba a que para recibir un permiso de residencia fuese condición 'sine qua non' acreditar un documento oficial que demostrase la ausencia de antecedentes penales; y otra que buscaba mejorar el ratio de fiscales por número de habitantes para alcanzar uno por cada 100.000. En ambos casos el Ejecutivo alegó que suponían un aumento del gasto presupuestario, pero la Cámara Alta rechazó su propuesta de veto por considerarla excesiva. Como ha sucedido otras veces esta legislatura, el Congreso sí aceptó esa censura 'a posteriori', provocando un choque entre el derecho gubernamental a vetar cuestiones que afectan a los presupuestos y el de los diputados a pronunciarse sobre las enmiendas de los senadores.«Solo ponen al descubierto su autoritarismo y sus mentiras, este es un veto antidemocrático, abusivo e intempestivo» María Jesús Moro Diputada del PPLa diputada del PP María Jesús Moro, durante el debate, ha criticado «el veto extemporáneo» del Congreso, que incluso cuestiona el letrado mayor de la Cámara Baja, Fernando Galindo, habitualmente alineado con las tesis del Ejecutivo. «Señores del Gobierno, con su miedo a la democracia la están interviniendo y degradando. Con su alergia y rechazo al Parlamento, lo amordazan. Solo ponen al descubierto su autoritarismo y sus mentiras, este es un veto antidemocrático, abusivo e intempestivo a enmiendas ya aprobadas por el Senado», ha clamado. Antes, irónicamente, había dado la bienvenida al socialista Francisco Aranda, quien ha sido el encargado de defender el sí del PSOE tras meses de torpedeo: «¡Qué entusiasmo con todo lo que ha bloqueado su grupo una ley como esta!».Ella, como había hecho antes Carlos Flores, de Vox, ha acusado al PSOE de «oportunismo político». A nadie se le escapa que su apoyo a esta ley tiene más que ver con quién la presenta, Junts, que con su fondo. Un intento de reconquista tras la ruptura del prófugo Carles Puigdemont con el Ejecutivo en octubre. De hecho, Flores ha comparado la ley, de «intenciones bastardas» porque los socialistas buscan «la seguridad de su escaño», pero «buena», con otra que según él nació con «buena intención», pero se demostró «mala»: la de la eutanasia. «Hoy van a ejecutar a una joven de veinticinco años», ha dicho, en alusión a Noelia. Enrique Santiago, de Sumar, se ha quejado y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha retirado el término del 'Diario de Sesiones' porque no existe «ejecución» sino una mujer que se acoge a su derecho a «morir dignamente».«Les molesta que una mujer pueda ejercer libremente el aborto y les molesta que una mujer pueda morir en paz. El infierno en la tierra son ustedes», le ha dicho Aranda a Flores, antes de entrar en faena. Como si fuese un éxito, en la legislatura que menos se está legislando, ha presumido de que con las de este jueves, el Congreso habrá aprobado ya 58 leyes. «Nada mal para una legislatura agotada, para un Gobierno de coalición en minoría», ha sacado pecho, antes de alabar la iniciativa para frenar a quienes hacen de la reincidencia su 'modus vivendi' y, al mismo tiempo, criticar el intento de la derecha de vincular «delincuencia e inmigración».Santiago, que también defendió la posición de Sumar antes del envío de la norma al Senado, ha atacado el «racismo» de PP, Vox y Junts, pero también ha echado en cara al PSOE, partido con el que su grupo comparte el Consejo de Ministros, que caiga en el 'punitivismo': «Al año, una plaza de prisión nos cuesta 24.000 euros mientras que una de formación profesional, unos 6.000». Por Junts, autor de la iniciativa, ha intervenido Marta Madrenas, quien ha remarcado que de los 510.000 delitos que se cometen al año en Cataluña, el cuarenta por ciento son hurtos. «La multirreincidencia se ha multiplicado; no es casual, es consecuencia de un sistema que no funciona», ha aseverado, para argumentar que la norma es «necesaria». El Congreso reforma la Constitución para que Formentera tenga senador El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una reforma quirúrgica del artículo 69.3 de la Constitución para que la isla de Formentera tenga su propio senador. En la redacción actual, Ibiza y Formentera estaban separadas por un guion, Ibiza-Formentera, de modo que solo la primera, la más poblada, tenía representación asegurada en la Cámara Alta. Ahora, pasan a estar separadas por una coma. Una pequeña modificación ortográfica que supone la conquista de un derecho para los formenteranos. La mayoría a favor de la norma ha sido abrumadora, con 312 síes, 33 noes (Vox) y cinco abstenciones.Tanto Pilar Vallugera (ERC), desde su escaño, como Martina Velarde (Podemos) han recriminado a los posconvergentes que sus postulados beben de su disputa con la extrema derecha de Aliança Catalana. Mikel Legarda, del PNV, ha reiterado su respaldo a la ley, pero ha lanzado un dardo al PP por, según él, no haber buscado en el Senado el «consenso» que sí primó en el Congreso. La norma está disponible para su publicación en el BOE con un endurecimiento de las penas por la multirreincidencia en delitos de hurto y estafa, pero sin que el Pleno haya podido posicionarse sobre si para que un inmigrante acceda a la residencia debe acreditar, necesaria y documentalmente, la ausencia de antecedentes penales.