Los de Puigdemont desprecian el cortejo del PSOE con la ley de multirreincidencia: «No cambia nada»

Junts per Catalunya degustó este jueves las mieles de una victoria sin contrapartidas. Las más dulces en política. Tras meses de bloqueo a su ley contra la multirreincidencia en hurtos, una de las exigencias que el prófugo Carles Puigdemont puso a Pedro Sánchez sobre la mesa, el PSOE viró su posición no solo permitiendo su tramitación, sino apoyando con su voto la aprobación de la norma por el Pleno del Congreso. La necesidad socialista, en un intento de cortejo que se extiende a otras iniciativas, dibujó una mayoría atípica compuesta por 302 diputados: los de PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN. El objetivo es evidente: atender las reclamaciones de la derecha separatista como pago hacia los presupuestos generales del Estado. Pero fuentes de la formación independentista son tajantes: «No cambia nada».Después de conseguir una fotografía del PSOE con toda la derecha —con la salvedad de Coalición Canaria, que se abstuvo—, el deleite en Junts era notorio. Ya a primera hora Míriam Nogueras, Josep Maria Cruset y Pilar Calvo lucían una sonrisa de oreja a oreja. Marta Madrenas, en el debate, estaba exultante: «Es una ley que pone orden y mejorará la seguridad y el bienestar de la gente». Y la fiesta siguió después. Fotografía en la puerta de los leones junto a los alcaldes de Junts y declaraciones de la portavoz en el patio de la Cámara Baja rodeada de todos ellos. «Con esta ley, entrarán por una puerta, pero después no saldrán», dijo Nogueras, en alusión a los delincuentes reincidentes que sean detenidos desde que entre en vigor —ahora debe pasar por el Senado, donde se enmendará o avalará—.La escenografía era la de un triunfo incontestable. Pero la pregunta era si el peaje le merecerá la pena a un PSOE que tuvo que aguantar carros y carretas de sus aliados de izquierdas, empezando por su socio de coalición, Sumar, cuyo portavoz en la Comisión de Justicia, Enrique Santiago, se deshizo en críticas. Primero cuestionó si esto era «un experimento de una gran coalición» de PP, PSOE y Junts, luego acusó a sus camaradas socialistas de pactar con quienes «abren la puerta al negacionismo de Vox», en alusión a los populares, y con quienes «tumban el escudo social», en referencia a la derecha separatista, y por último aseveró que la norma hace un «populismo punitivo» que solo consigue «alimentar a la ultraderecha».Noticia Relacionada estandar Si Las Cortes reprueban por séptima vez a Óscar Puente y exigen su dimisión Patricia Romero El Congreso censura al responsable de Transportes con los apoyos de PP y Vox, y la abstención de ERC, Junts, Podemos y Coalición CanariaSi el rapapolvo hubiese servido para reconducir las relaciones de Junts con el PSOE, que terminaron en octubre con el divorcio unilateral anunciado por Puigdemont, al menos podrían ver el vaso medio lleno en la Moncloa y en Ferraz. Pero fuentes de Junts remarcan que todavía quedan muchas cuentas pendientes para replantearse volver a negociar con los socialistas de tú a tú. Por ahora, los puentes siguen rotos. Desde el Grupo Parlamentario Junts confirman lo que adelantó su portavoz: que sus siete diputados votarán en contra del real decreto ley con el llamado escudo social del Gobierno, que ya rechazaron los independentistas en enero incluso cuando estaba mezclado con la revalorización de las pensiones.La norma endurece las penas por hurtos leves y sitúa entre los graves los de teléfonos móviles que contengan datos personalesLos posconvergentes votarán a favor de la subida de las prestaciones a los jubilados, porque están de acuerdo con la medida, pero tumbarán el escudo social por incluir la prohibición de desahucios a personas vulnerables. Que el Ejecutivo pactase con el PNV excluir de esta medida a los inquilinos cuyos arrendadores solo tengan una o dos viviendas en propiedad poco le importa a Junts. «No hay conversaciones ni negociaciones», subrayan fuentes del partido, que pasan la factura a los socialistas con los temas pendientes: la amnistía a Puigdemont, la delegación de competencias de inmigración a Cataluña, la publicación de las balanzas fiscales, la oficialidad del catalán en la Unión Europea y la ejecución de las partidas presupuestarias inconclusas.La ley aprobada este jueves endurece las penas en los delitos de hurtos y estafas para que si se acumulan tres leves se imponga una pena de prisión de seis a dieciocho meses de cárcel incluso aunque el montante no supere los 400 euros, como se exigía hasta ahora. También se considera grave, con pena de uno a tres años, el hurto de dispositivos móviles que contengan datos personales. Y, entre otras cuestiones, se persigue el denominado 'petaqueo', consistente en almacenar o transportar combustible para lanchas dedicadas al narcotráfico. La siguiente norma, deslizan desde Junts, es la que el partido tiene registrada contra la ocupación ilegal, que acumula en la Mesa treinta prórrogas del plazo para registrar enmiendas.