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  "publishedAt": "2026-02-11T08:18:37.000Z",
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  "textContent": "El juzgado de primera instancia número 44 de Madrid ha condenado al Ministerio de Movilidad y Transportes a indemnizar con algo más de 57 millones de euros a las empresas adjudicatarias del túnel norte de la SE-40, que fue cancelado junto al resto de la obra por el alto coste que suponía. Cinco años después de que se enterrara oficialmente el proyecto, la juez da la razón a la UTE formada por Azvi, Sando y OHL , que ha sido la más perjudicada en todo este proceso al llevar la delantera en la ejecución de los túneles para conectar Dos Hermanas y Coria bajo el Guadalquivir. Las tres llegaron llegaron incluso a adquirir una tuneladora de 14 metros que nunca se llegó a estrenar.El topo de acero, fabricado por la francesa NFM Technologies a medida para esta infraestructura, costó 37 millones de euros y se vendió como chatarra una década después por menos de dos millones al empresario Miguel Gallero. Precisamente, la inversión realizada por las constructoras tanto para comprar la maquinaria como en los trabajos realizados, se ha tenido en cuenta para calcular la indemnización. En la sentencia emitida el pasado 2 de febrero se explica que se ha recurrido a un perito independiente que ha cuantificado el lucro cesante, los intereses, el coste de la herramienta y la mano de obra empleada durante el poco tiempo que duró la ejecución antes de que se paralizara. Contra esta sentencia cabe recurso a una instancia superior. La orden de cancelar los túneles la dio José Luis Ábalos -hoy en prisión preventiva- durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes, aunque envió a Sevilla como emisario al director general de Carreteras, Javier Herrero, investigado en el caso de las mordidas en obras públicas como la del puente del Centenario, para anunciarlo públicamente. Durante una rueda de prensa, explicó que el proyecto era «irrealizable» por las dificultades técnicas, y posteriormente, en documentos oficiales del propio Ministerio, admitía que el motivo para anularlo era el elevado coste de la actuación. Veinte años de retrocesoCuando el gobierno dio marcha atrás con los túneles, que llevaban paralizados desde el verano de 2012, ya se habían desembolsado 80 millones de euros del erario público en la ejecución de los primeros trabajos, como él mismo admitió en aquella comparecencia celebrada en la Subdelegación del Gobierno. Herrero calculaba entonces que la rescisión del contrato a las empresas podría llegar a los treinta millones, tomando como referencia el criterio del sector público que aplica un 6% del valor de la adjudicación. Finalmente se despachó a la UTE con una compensación de 21 millones de euros, por debajo de lo estipulado , una cantidad con la que no estuvieron de acuerdo y por la que terminaron llevando el asunto a los tribunales. Ahora una juez de primera instancia de Sevilla eleva esa cifra hasta los 57 millones, en los que tiene mucho que ver el desembolso por la tuneladora.Esta herramienta, de siete pisos de altura, 150 metros de longitud y una cabeza de catorce metros de diámetro, tenía el doble de envergadura que la que se utilizó para excavar la línea 1 del metro de Sevilla . Durante más de una década permaneció desmontada y almacenada en una carpa en Coria, que tenía que ser refrigerada con aparatos de aire acondicionado. Su mantenimiento y vigilancia tenía un coste mensual de 120.000 euros, que al año venía a salir a 1,4 millones. Ese ha sido el mayor perjuicio que han sufrido las constructoras en un momento de baja inversión en obra pública. Lo que vino después explica por qué todavía no hay un proyecto diseñado ni se ha puesto una sola viga de hormigón. La orden de cancelación devolvió la situación al momento anterior a 2001, cuando se aprobó la declaración de impacto ambiental que no sólo consideró viable el paso subterráneo de la SE-40 bajo el Guadalquivir, sino que la destacaba como la opción más favorable. El Ministerio de Transportes indemnizó a las empresas con 21 millones de euros y se desentendió del coste de la tuneladoraEl Ministerio se dio dos años para encargar un estudio que hiciera una valoración de alternativas, aunque ya antes de adjudicar ese trabajo había mostrado su predilección por resolver el tramo entre Coria y Dos Hermanas con un puente. El mencionado estudio, que se terminaron adjudicando Ayesa y Fhecor, concluyó lo que ya esperaba el Ejecutivo de Pedro Sánchez: que el puente era la mejor solución por tratarse de la más barata, obviando en tremendo impacto visual que va a tener sobre la ribera del río, las afecciones al tráfico fluvial del Guadalquivir y por extensión al puerto de Sevilla y los condicionantes a la base militar de El Copero. En la Navidad de 2023 se aprobó la nueva declaración de impacto ambiental con el silencio de las organizaciones ecologistas e ignorando todas las alegaciones que habían presentado las administraciones con intereses en el proyecto como la Autoridad Portuaria o el Ayuntamiento de Coria que siempre ha rechazado el puente. Poco después vino el dedazo en la adjudicación del diseño a la ingeniería pública Ineco, actualmente recurrido en los tribunales, y otra promesa difícil de cumplir que la SE-40 estará terminada en 2030.",
  "title": "La justicia condena al Gobierno a pagar 57 millones más por los túneles de la SE-40"
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