La Comunidad de Madrid, sobre la ley 'anti sanidad privada': «Lo único que hará es ruido político»

La Comunidad de Madrid cree que el anteproyecto de ley de gestión pública del Ministerio de Sanidad al que el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes es, en realidad, una forma de la ministra Mónica García de intentar hacer oposición contra la región. «Es una ley contra Madrid y es más para hacer ruido político que para hacer algo efectivo», asegura en declaraciones a ABC la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute. De hecho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Mónica García señaló a Madrid al anunciar que la norma prohibirá el modelo por el que una empresa construye y gestiona un hospital que ejerce como público, como el modelo del Hospital de Torrejón.La región sin embargo considera que la norma vulnera competencias autonómicas y es anticonstitucional. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acusó al Gobierno de querer «acabar con la sanidad» en la autonomía, «llevándonos a la revolución, a que nada funcione» en una comunidad que «no deja de crecer en habitantes y que tiene que afrontar un reto como el del envejecimiento». «El modelo de la Comunidad de Madrid elegido en las urnas es el de la libertad», dijo. Noticia Relacionada estandar Si Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid: «Mónica García ha provocado el guerracivilismo entre profesionales sanitarios» Elena Calvo La responsable de la sanidad madrileña critica la gestión del Estatuto Marco y afirma que la comunidad estudia cómo acabar con las guardias de 24 horasA juicio de Matute, el único fin de la norma es señalar a la Comunidad de Madrid para «tapar el desastre con el Estatuto Marco y la huelga de médicos» prevista para la semana que viene. «Quiere hacer ruido para tapar sus ineficiencias», remarca Matute, que lamenta haberse enterado por los medios de comunicación y que Mónica García no haya informado antes a los consejeros de las autonomías. «Quiere tapar el desastre del Estatuto Marco y la huelga de médicos» Fátima MatuteAun así, la Comunidad de Madrid cree que en la práctica la norma, de salir adelante, no tendrá efectos. «Aunque quiere atacar a Madrid, no va a tener poder sobre lo que ella cacarea de atacar a Quirón o a Ribera Salud porque la ley dice claramente que no tendrá efecto sobre las concesiones ya existentes», expone la consejera de Sanidad de la región. Fátima Matute insiste en que si la norma es aprobada, cosa que no cree que ocurra, porque augura que los partidos catalanes y vascos no estarán a favor, la Comunidad de Madrid la recurrirá al Tribunal Constitucional y, si es necesario, a Europa. «Contraviene no solo artículos de nuestra Constitución, sino de las leyes de contratación europeas. Hay jurisprudencia suficiente», destaca. Reglas del juegoNo hay preocupación por tanto en la Comunidad de Madrid por los efectos que pudiera llegar a tener la norma. «Estamos preparados para defender la colaboración público-privada con unas reglas del juego bien establecidas como las que tenemos», concluye Matute. También las patronales de la sanidad privada han lamentado el sentido de la norma. La Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), entidad que engloba a los principales grupos hospitalarios y aseguradoras, lamenta que la limitación de esa colaboración público-privada, así como la facilitación para revertir esa gestión privada de servicios públicos puede suponer un importante «obstáculo» para la accesibilidad de la población a la atención sanitaria, así como para la calidad de la misma, que se puede ver deteriorada, advierten. Un ataqueLa Fundación IDIS destaca la labor de esa colaboración con las administraciones para reducir las listas de espera y mejorar la eficiencia en la atención a los pacientes. Cualquier cambio en esta materia, asegura la fundación en un comunicado, debería estar basado en criterios que favorezcan a los pacientes «y que no pongan en peligro la accesibilidad o la eficiencia del sistema». También Aspe (Alianza de la Sanidad Privada Española) ha manifestado su «rechazo frontal» a la norma, que califica de «ley anti sanidad privada» pues a su juicio supone «un ataque dogmático» a las competencias autonómicas. Pero además denuncia que la norma «nace con el declarado objetivo de prohibir, limitar y/o condicionar los distintos modelos de colaboración público-privada».