Tirón de orejas de la Iglesia a Almeida por su maltrato a las personas sin hogar

Hay decisiones políticas que generan debate y otras que, sencillamente, retratan a quienes las toman. La orden del Ayuntamiento de Madrid de retirar las pertenencias de las personas sin hogar sin previo aviso pertenece a la segunda categoría. No solo porque afecta a quienes menos tienen, sino porque ha conseguido algo poco habitual en la política madrileña: poner a la Iglesia frente al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. La Archidiócesis de Madrid, a través de la Mesa por la Hospitalidad, ha lanzado este viernes un duro reproche al Consistorio. El mensaje no ha dejado espacio para las interpretaciones: quitar las pertenencias de quienes duermen en la calle sin avisar previamente "supone incrementar la vulnerabilidad de quienes ya se encuentran en una situación extrema". No es una crítica menor. Tampoco proviene de sectores tradicionalmente enfrentados al Partido Popular. El pronunciamiento fue difundido a través de la Mesa por la Hospitalidad, organismo dependiente de la Archidiócesis de Madrid e integrado por entidades como Cáritas Diocesana, la Comisión de Justicia y Paz, la Comunidad Sant'Egidio, la Conferencia Española de Religiosos de Madrid, la Delegación Episcopal de Pastoral de la Movilidad Humana, Pueblos Unidos y el Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad. "Las pertenencias de una persona que vive en la calle no son basura. Son, con frecuencia, todo lo que posee", ha reprochado la Archidiócesis. La Iglesia ha dejado claro que Madrid no tendrá menos personas sin hogar porque se retiren sus mantas. La pobreza no desaparece porque se esconda. Almeida ha construido parte de su discurso político sobre la gestión y la convivencia. Sin embargo, en este caso, la imagen que proyecta su Ayuntamiento es la de una ciudad que prefiere eliminar los rastros de la exclusión antes que combatir sus causas. Las críticas no se han limitado al Ayuntamiento. También la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha sido señalada por restringir el acceso al abono transporte a quienes no estén empadronados. La Iglesia ha considerado que la medida discrimina a las personas migrantes y rompe el principio de igualdad. "El transporte público debe conectar, no excluir", ha expresado. "Niega la universalidad de los derechos, la riqueza que las personas migrantes aportan a la convivencia y a la economía del país y da lugar así a la extensión de un bulo que alimenta aún más los discursos xenófobos, racistas y de odio", ha apuntado tirando un dardo escondido a la "prioridad nacional" pactada en varias Comunidades autónomas por PP y Vox. A las voces de la Archidiócesis se han sumado 31 comunidades cristianas, movimientos de base, parroquias y organizaciones religiosas que denuncian unas políticas "segregacionistas, excluyentes y aporofóbicas". Resulta especialmente significativo que esta reacción se produzca apenas unas semanas después de la visita del papa León XIV a Madrid. El pontífice habló entonces de acogida, dignidad y derechos humanos. Visitó un centro de Cáritas en un barrio obrero y pidió a los católicos que se dejaran "interpelar por la mirada de quienes necesiten ayuda". También alertó sobre...