Europa endurece su política migratoria y copia el modelo Meloni pese a las dudas judiciales

La Unión Europea da un nuevo paso en el endurecimiento de su política migratoria. El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo han alcanzado este lunes un acuerdo provisional sobre el reglamento destinado a agilizar la repatriación de migrantes en situación irregular, una norma que permitirá su traslado a centros de deportación en terceros países. El pacto complementa el Pacto sobre Migración y Asilo y busca hacer efectiva una de sus piezas más controvertidas: acelerar los retornos de quienes no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario. El acuerdo supone, en la práctica, que Bruselas empieza a normalizar una fórmula similar a la ensayada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con los centros de retención en Albania. Aquel modelo, muy cuestionado por los tribunales y por las organizaciones de derechos humanos, abrió la puerta a que un Estado miembro enviara a migrantes rescatados en el Mediterráneo a un país situado fuera del club comunitario. Ahora, la UE incorpora esa lógica a su arquitectura migratoria común, aunque asegura que cualquier convenio deberá respetar las normas internacionales y el principio de no devolución. Europa asume la hoja de ruta de la derecha La nueva normativa llega en un contexto de fuerte presión política de la derecha y la extrema derecha europeas, que han convertido la migración en uno de sus principales campos de batalla. El texto salió adelante en la Eurocámara gracias a la alianza entre el Partido Popular Europeo y los grupos situados más a la derecha del hemiciclo: Conservadores y Reformistas Europeos, Patriotas por Europa y Europa de las Naciones Soberanas. Para la izquierda, esa mayoría evidencia una ruptura del cordón sanitario y consolida una deriva cada vez más restrictiva en materia migratoria. El reglamento establece "obligaciones estrictas" para las personas que no tengan derecho a permanecer en la UE. Entre ellas, figura la obligación de abandonar el país en el que se encuentren de forma irregular y de cooperar con las autoridades nacionales durante el proceso de retorno. El Consejo defiende que estas normas permitirán una política de expulsiones más rápida, eficaz y coordinada entre los Estados miembros. Sin embargo, sus críticos alertan de que el acuerdo desplaza el centro del debate desde la protección de derechos hacia una lógica de sanción y expulsión. Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de aplicar consecuencias para quienes no cooperen. El texto contempla la reducción de prestaciones y subsidios, así como la imposición de sanciones penales cuando lo permita la legislación nacional. Incluso abre la puerta a penas de prisión en determinados supuestos. De este modo, el reglamento no solo busca agilizar los procedimientos administrativos, sino también endurecer el marco de presión sobre los migrantes en situación irregular. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, celebró el acuerdo y defendió que una política efectiva de migración y asilo debe ir acompañada de una política de retorno "creíble". En un mensaje publicado en su cuenta de X, sostuvo que el nuevo Reglamento de Retornos hará que la expulsión...