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  "publishedAt": "2026-05-22T15:04:48.000Z",
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  "textContent": "El foco político y judicial se sitúa desde este miércoles sobre el expresidente del Gobierno, José Luis Zapatero, imputado por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional (AN) por presunto delito de tráfico de influencias bajo el marco del rescate a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Con este contexto, la hemeroteca rescata otros casos que pasaron por sede judicial años atrás y que, pese a similitudes en la forma y el fondo, fueron archivados. Destaca así la causa que pesó sobre el exdiputado del Partido Popular Vicente Martínez Pujalte hace una década. Cabe retroceder a 2016, cuando el dirigente del PP se vio inmerso en el epicentro de una investigación judicial a raíz de una denuncia que presentó la Fiscalía de Valladolid en su contra al haber percibido posibles delitos de falsedad documental y cohecho vinculados a los pagos que éste recibió a través de la consultora Sirga XXI Asesores, donde figuraba como socio junto a la exsenadora del mismo partido Ana Torme. En este sentido, la causa se focalizó en los 75.000 euros que cobró el diputado entre 2008 y 2009 por medio de la constructora Collosa, todo ello mientras ocupaba su escaño en el Congreso de los Diputados. Según argumentó entonces el Ministerio Público, percibieron indicios de que algunos de estos pagos podrían corresponder a trabajos inexistentes o no adecuadamente acreditados, habiéndose simulado por contratos o facturas emitidas por la consultora mencionada. Entre otras figuras en la trama además de Martínez Pujalte, destacaron responsables de la constructora y otras sociedades que, a su vez, estaban relacionados con el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna y el exembajador de España en la India Gustavo de Arístegui; ambos cargos que, en paralelo, entonces estaban siendo investigados por la AN en otra causa sobre comisiones en el extranjero. Pese a que en un primer lugar fue el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid el que abrió diligencias contra el exdiputado del PP, finalmente asumió la causa el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, cuya jueza citó como imputados a Martínez Pujalte y Torme en noviembre de 2016. La instrucción se prolongó dos años y, durante ella, uno de los factores determinantes fue la declaración de Torme, quien denunció supuestas irregularidades en el funcionamiento de la consultora a nivel interno, llegando a acusar al cargo del PP de haber utilizado la empresa para canalizar ingresos a través de asesorías presuntamente ficticias; motivo por el que aseguró haberse sentido \"engañada\". No obstante, no se consiguió acreditar que los trabajos facturados no se realizaron realmente, así como que ni los pagos respondiesen a contraprestaciones ilícitas de la condición de diputado de Martínez Pujalte. Finalmente, en mayo de 2018, la jueza archivó la causa después de que la Fiscalía concluyese no haber encontrado indicios suficientes para sostener los presuntos delitos de falsedad documental y cohecho que pesaban sobre el exdiputado del PP. Durante las declaraciones de éste en el juicio, la magistrada dio por válidas las explicaciones...",
  "title": "El doble rasero en las instrucciones judiciales: lo que valió para Martínez Pujalte se condena con Zapatero"
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