Adelante Andalucía propone vetar de por vida a las empresas corruptoras de los contratos públicos

Adelante Andalucía ha anunciado que llevará al próximo Parlamento andaluz una ley anticorrupción con la que pretende endurecer las consecuencias para políticos y empresas implicadas en prácticas ilegales relacionadas con la contratación pública. La propuesta, presentada este jueves en Granada por el candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, plantea impedir que compañías condenadas por corrupción puedan volver a trabajar con la Administración pública andaluza. El dirigente andalucista ha defendido que la norma no solo debe perseguir a los cargos públicos corruptos, sino también a quienes se benefician económicamente de esas prácticas. "Si una empresa ha pagado mordidas o ha llevado a cabo cualquier práctica ilegal para conseguir un contrato público y eso acaba en condena, esa empresa no puede volver a contratar nunca más con la Administración pública", ha afirmado García, que ha calificado la medida de "sentido común". La propuesta forma parte de uno de los ejes de campaña de Adelante Andalucía, centrado en denunciar los casos de corrupción vinculados al Partido Popular y en reivindicar un mayor control sobre el uso de fondos públicos. Según García, la intención de su formación es impulsar "la ley más dura contra corruptos y corruptores de toda España". El foco en las empresas y la responsabilidad de los partidos La iniciativa de Adelante Andalucía contempla dos grandes líneas de actuación. Por un lado, endurecer la responsabilidad de los partidos políticos respecto a las actuaciones de los altos cargos que designan. En este sentido, García ha planteado que las formaciones asuman responsabilidades patrimoniales derivadas de los casos de corrupción protagonizados por dirigentes nombrados por ellas mismas. Por otro lado, la formación pone el foco sobre las empresas privadas que participan en tramas corruptas relacionadas con adjudicaciones públicas. Constructoras, empresas sanitarias o compañías proveedoras de servicios públicos quedarían excluidas de futuros contratos con la Junta si existe una condena firme por corrupción. El candidato andalucista ha defendido que durante años el debate sobre corrupción se ha centrado únicamente en los responsables políticos, mientras que muchas empresas continúan contratando con normalidad pese a haber participado presuntamente en prácticas ilegales: "No puede salir rentable corromper a la Administración", ha insistido. Críticas al PP por contratos y presuntos casos de corrupción Durante su comparecencia, García ha repasado varios asuntos relacionados con la gestión del Gobierno andaluz del PP que, a su juicio, ejemplifican la necesidad de una legislación más dura. Entre ellos, ha mencionado los contratos sanitarios de emergencia, el conocido como caso de las mascarillas en Almería o el supuesto troceo de contratos en el Servicio Andaluz de Salud. También ha hecho referencia a la polémica por las obras del Estadio de La Cartuja, denunciando que se desviaron fondos inicialmente destinados a escuelas infantiles para financiar actuaciones vinculadas al recinto deportivo. Así, ha señalado que "Quitaron cinco millones de euros de las escuelas infantiles para llevárselos a una obra acordada con Rubiales". Desde Adelante Andalucía consideran que la corrupción no puede entenderse como episodios aislados, sino como un modelo de gestión que...