Todo lo que hay que saber sobre el juicio a Koldo y Ábalos: cómo la corrupción penetró en el corazón de Ferraz

La actualidad judicial continúa. Después de que se iniciase, tras más de nueve años, el juicio del caso Kitchen; este martes, arranca en el Tribunal Supremo el juicio del conocido como caso mascarillas o caso Koldo, una causa que examina una presunta trama de corrupción vinculada a la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia y que sienta en el banquillo al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el que fuera su asesor, Koldo García, y a Víctor de Aldama, confeso conseguidor. La Fiscalía Anticorrupción apunta a que los tres habrían articulado una red para obtener beneficios económicos a cambio de facilitar contratos públicos en los peores momentos de la crisis de la Covid-19, aprovechando la urgencia, que permitió procedimientos de contratación excepcionales, mientras morían miles de personas por la enfermedad. La dimensión del juicio es significativa tanto por el perfil de los acusados como por las penas solicitadas. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y cerca de 20 para García. Más duras son las acusaciones populares, que elevan esas cifras hasta los 30 años. En el caso Aldama, que ha reconocido parcialmente los hechos y ha querido mostrar una colaboración con la justicia, pese a que esta ha sido más parafernalia que realidad, la petición se reduce a siete años de cárcel. Múltiples jornadas y testigos La vista oral se desarrollará durante 13 jornadas y contará con la declaración de más de 80 testigos, entre ellos responsables políticos, funcionarios y personas del entorno de los acusados. Algunos cargos institucionales declararán por escrito, lo que refleja la sensibilidad política del caso y su alcance dentro de las estructuras del Estado. Mientas, tanto Ábalos como García se encuentran en prisión preventiva, medida dictada para evitar su fuga y que opera desde finales de 2025. Los dos constituyen el que sería el centro de la trama, que habría operado en los primeros meses de la pandemia de COVID-19, cuando distintas administraciones públicas adjudicaron contratos millonarios para la compra de material sanitario. En ese contexto, la investigación sostiene que la empresa vinculada a Aldama obtuvo adjudicaciones por valor de decenas de millones de euros sin contar con experiencia suficiente, gracias a la intermediación de García y la supuesta influencia de Ábalos. La acusación describe un sistema de favores en el que, a cambio de facilitar esos contratos, los implicados habrían recibido comisiones económicas y pagos en especie. Entre estos beneficios se incluyen alquileres de viviendas, regalos o contrataciones de personas cercanas en empresas públicas, lo que amplía el foco del caso más allá del enriquecimiento directo. Los acusados, por su parte, niegan la mayor y se defienden en un momento en el que las fotografía e informaciones que exponen sus prácticas son cada vez más certeras. Un caso rápido A diferencia de la Kitchen, el caso mascarillas ha avanzado rápidamente. La causa comenzó a tomar forma en 2024, con las primeras investigaciones sobre contratos sospechosos. A lo largo de 2025, los informes de la Guardia Civil y las...