Sindicatos y colectivos sociales impulsan una ILP para blindar el derecho a la vivienda en Andalucía

Las organizaciones sindicales y sociales UGT, CCOO, FACUA y Red Vecinal Andaluza han impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca garantizar el acceso a un hogar digno y frenar la especulación inmobiliaria. Así, la propuesta ha planteado una reforma normativa que refuerce el papel de lo público frente a un mercado tensionado que está expulsando a amplias capas de la población. De hecho, la iniciativa arranca con el objetivo de recoger el número de firmas necesarias para su tramitación en el Parlamento andaluz y aspira a convertirse en un instrumento de presión social en un contexto marcado por el encarecimiento del alquiler, la falta de vivienda pública y el aumento de los desahucios. Una respuesta social ante el encarecimiento de la vivienda Las organizaciones mencionadas han coincidido en que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la ciudadanía andaluza. La subida de precios, especialmente en zonas urbanas y turísticas, ha superado la capacidad económica de muchas familias, jóvenes y trabajadores, generando situaciones de vulnerabilidad y precariedad residencial. Asimismo, la ILP plantea medidas dirigidas a ampliar el parque público de vivienda, regular el mercado del alquiler y limitar prácticas especulativas. Entre sus objetivos figura garantizar precios asequibles, reforzar la función social de la vivienda y evitar que se convierta en un activo financiero desvinculado de su finalidad básica. Desde los sindicatos y colectivos sociales se subraya que esta iniciativa no surge de forma aislada, sino como respuesta a una demanda creciente en la calle. Críticas al modelo actual y presión política Del mismo modo, el impulso de esta ILP se produce en un contexto de fuerte confrontación política en torno a las políticas de vivienda en Andalucía. Distintas formaciones y organizaciones han cuestionado la gestión del Gobierno autonómico, al que acusan de no adoptar medidas eficaces para contener los precios y ampliar la oferta pública. En este sentido, desde el PSOE de Andalucía han denunciado que la falta de intervención pública ha contribuido a agravar el problema, favoreciendo dinámicas especulativas. Por parte de los socialistas, a principios de este mes registraron una iniciativa con la que, entre otras cosas, solicitaban a la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla (PP) que multiplicase de forma sostenida el gasto hasta alcanzar al menos el 1% del Producto Interior Bruto andaluz. Según el texto de la propuesta, el objetivo era que la futura ley reconociese el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo exigible y garantice la calificación permanente de la vivienda protegida, de forma que pase a considerarse un patrimonio social duradero al servicio del interés general. Al mismo tiempo, el coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, hizo también un llamamiento a la movilización ciudadana para garantizar la ratificación del nuevo decreto estatal de vivienda, al tiempo que reivindicaba el papel del Gobierno central frente a lo que considera una política "especulativa" por parte del Ejecutivo andaluz. Igualmente, en una de sus...