La caída judicial de Meta da aire al plan de Sánchez contra las redes en menores

La condena dictada en Nuevo México contra Meta llega en un momento especialmente útil para el Gobierno español. El jurado ha impuesto a la compañía una multa de 375 millones de dólares tras concluir que utilizó sus plataformas sin la seguridad necesaria, facilitó el contacto de depredadores sexuales con menores y actuó sabiendo que esos riesgos existían. El fallo no resuelve por sí solo el debate sobre las redes sociales y la infancia, pero sí refuerza una idea que Moncloa intenta colocar desde hace meses: que el problema no se limita a determinados contenidos o a usuarios concretos, sino que afecta al funcionamiento mismo de estas plataformas y a la manera en que atrapan a niños y adolescentes. Ese punto resulta clave para entender por qué la sentencia de Nuevo México encaja tan bien en el discurso del Ejecutivo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha planteado limitar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. La propuesta no se apoya solo en el temor a que los adolescentes vean violencia, pornografía o mensajes de odio. Va más allá. Parte de la sospecha de que muchas de estas aplicaciones han sido diseñadas para captar atención de manera constante, alargar el tiempo de uso y convertir a menores en usuarios intensivos desde edades muy tempranas. La resolución contra Meta da consistencia a ese planteamiento porque, por primera vez con fuerza suficiente, un jurado ha avalado una parte de esa acusación. La sentencia de Santa Fe no se ha quedado en la idea de que Meta reaccionó tarde o vigiló mal. El jurado también ha considerado fundadas las acusaciones de declaraciones falsas o engañosas y de prácticas comerciales abusivas. Ha entendido que la empresa se aprovechaba de la falta de experiencia de los menores y que priorizó los beneficios sobre la seguridad infantil. Ahí está la parte más delicada para la compañía. El golpe no reside solo en la cuantía económica, menor de lo que pedía la fiscalía, sino en la lectura política y judicial que deja detrás: que la seguridad de niños y adolescentes no era un fallo secundario, sino un coste asumido en un modelo de negocio basado en sumar usuarios y retenerlos. Ese razonamiento conecta de forma directa con la ofensiva del Gobierno español. Moncloa intenta desplazar el debate. Durante años, la conversación pública sobre menores y redes ha girado en torno a la supervisión de las familias, a la educación digital o a la retirada de contenidos concretos. Ahora el Ejecutivo trata de mover el foco hacia otro sitio. Hacia el producto. Hacia el algoritmo. Hacia el sistema de notificaciones, recompensas, recomendaciones y reproducción encadenada que empuja a seguir dentro. La condena a Meta da aire precisamente porque permite sostener que ya no se trata solo de una preocupación política o pedagógica. Empieza a haber también un respaldo judicial a la idea de que estas plataformas pueden operar de manera dañina para los menores por cómo están hechas. La coincidencia con lo que ocurre en...