La Junta de Andalucía y la universidad pública, una relación más que tirante en los últimos años: financiación, privadas y un modelo en disputa

La relación entre el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla y las universidades públicas vive desde hace años una tensión sostenida que ha ido escalando de manera continuada. Desde la llegada al poder del político popular en 2019, el sistema universitario público ha protagonizado un pulso constante con la Junta en defensa de su financiación, su papel estratégico y su posición frente al creciente peso de las universidades privadas. Financiación: un conflicto estructural y en constante presencia Uno de los principales focos de fricción ha sido la financiación. Las universidades públicas andaluzas llevan años denunciando que los recursos transferidos por la Junta no cubren adecuadamente sus necesidades. Aunque el Ejecutivo autonómico aprobó un nuevo modelo de financiación en 2023, los rectores han advertido reiteradamente sobre casos de incumplimientos y desequilibrios. Desde la Universidad de Jaén, su rector, Nicolás Ruiz Reyes, ha llegado a advertir incluso de la posibilidad de acudir a los tribunales si la Junta no respeta los acuerdos firmados, denunciando problemas para afrontar nóminas y gastos básicos . Una situación que refleja el malestar de fondo en el sistema. El auge de las privadas y la inquietud del sistema público En paralelo, el crecimiento de las universidades privadas, el cual ha sido más intenso de lo habitual, ha encendido todas las alarmas. En pocos años, Andalucía ha pasado de contar con una única universidad privada a tener varias nuevas instituciones y proyectos en marcha, como la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo o la Universidad Europea de Andalucía. Todas ellas contando con numerosas facilidades para su implantación Los rectores, agrupados en la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), han denunciado un crecimiento "exponencial" de la oferta privada, con decenas de nuevos títulos autorizados en estos centros . A su juicio, este proceso no está acompañado de una planificación equilibrada ni de un refuerzo paralelo de lo público. La polémica de los grados arrojó más leña al fuego del debate El episodio que marcó un punto de inflexión llegó en 2025 con la autorización de nuevas titulaciones. La Junta dio luz verde a hasta 34 nuevos títulos en universidades privadas mientras rechazaba o retrasaba grados estratégicos en universidades públicas . El caso más simbólico fue el del Grado en Ingeniería Biomédica y el de Inteligencia Artificial. Las universidades de Jaén y Granada habían preparado estas titulaciones, con alta demanda y respaldo académico, pero recibieron informes desfavorables de la agencia autonómica. Sin embargo, esos mismos estudios sí fueron autorizados en centros privados, lo que provocó una fuerte reacción institucional . Rectores como Nicolás Ruiz denunciaron entonces falta de "igualdad de condiciones" y criticaron que el alumnado tuviera que recurrir a la enseñanza privada, con costes muy superiores, para cursar estudios estratégicos que todavía no se habían implantado en los centros educativos públicos. Es por ello que este caso adquirió gran notoriedad, ya que, tal y como se pudo conocer, tanto la Universidad de Jaén como la Universidad de Granada disponían de las capacidades suficientes para impartir ambos grados. Rectores en pie de guerra...